Quien llevaba el registro ahora decide quién pasa.

Una dirección IP es, para una red, lo que un número de teléfono: permite que los equipos y las redes se localicen entre sí. Para que esto funcione, dos redes no pueden usar el mismo número al mismo tiempo. Cinco organizaciones, los Registros Regionales de Internet, llevan los registros que lo garantizan, cada una en su parte del mundo.

Su trabajo esencial es modesto. Anotan qué red tiene qué números, comprueban que un cambio de titular sea auténtico, impiden que el mismo bloque se registre dos veces y publican la información en la que se apoyan otras redes y los sistemas de seguridad. He descrito el registro como un «secretario de la unicidad» y como la libreta de direcciones de una ciudad que crece: apunta qué número usa cada cual para que el tráfico llegue a su destino.

Nada en esta página cuestiona ese trabajo. Internet lo necesita, y lo necesita bien hecho. Lo que ha fallado es todo lo que ha ido creciendo encima.

Las reglas de los registros se escribieron cuando las direcciones abundaban y casi no valían nada. Palabras como «recurso público», «necesidad» o «custodia» hacían poco daño mientras nadie se jugaba gran cosa. Luego se agotó la reserva libre de IPv4. Las direcciones empezaron a comprarse, venderse, arrendarse, financiarse y disputarse en los tribunales, y pasaron a formar parte de la manera en que las empresas llegan a sus clientes. Las reglas conservaron su viejo lenguaje, pero ahora esas mismas palabras deciden quién puede usar algo valioso.

Así, la lista se convirtió en barrera. En varias regiones, el comprador tiene que convencer antes al registro de que necesita las direcciones y de que las usará en los plazos que este fija: en APNIC, presentando un plan detallado para usarlas en un plazo de veinticuatro meses; en ARIN, documentando que utilizará al menos la mitad de un bloque mayor en ese mismo plazo. Según mi lectura de su nueva política de transferencias, en febrero de 2026 AFRINIC fue más allá: toda transferencia requiere su aprobación previa por escrito, algunas direcciones no pueden salir de la región en ningún caso y no se reconocen las transferencias realizadas fuera de los cauces que AFRINIC aprueba.

Nada de esto protege la unicidad. Un registro puede comprobar que el vendedor es legítimo y que los datos son correctos sin decidir si un plan de negocio merece existir. En torno a las reglas de transferencia ha crecido además un hábito más amplio, al que llamo expansión del control («enforcement creep»): convertir la inscripción en una herramienta para vigilar el arrendamiento, la ubicación de los clientes y los modelos de negocio, con la revocación siempre en reserva para quien no acate.

Una decisión de un registro puede congelar una venta, dejar en el limbo las direcciones de una red o alterar los datos de seguridad que otras redes usan para confiar en sus rutas. Cuando una decisión así destruye valor, el registro no responde prácticamente de nada. Los contratos de AFRINIC y de ARIN limitan su responsabilidad a la cantidad mayor entre las cuotas de seis meses y 100 dólares estadounidenses; el de APNIC intenta excluir su responsabilidad y pide a los miembros que lo indemnicen. Organizaciones pequeñas, con presupuestos propios de una asociación, tienen poder sobre activos y servicios que valen muchísimo más de lo que ellas podrían reembolsar jamás.

Tampoco puede una red marcharse. Sus direcciones quedan atadas al registro de su región, se comporte como se comporte ese registro. No puede llevárselas a un registro mejor gestionado, como quien conserva su número de teléfono al cambiar de compañía móvil.

Las consecuencias van más allá de los negocios. Los cinco registros son organizaciones privadas sujetas a las leyes de Mauricio, Estados Unidos, los Países Bajos, Australia y Uruguay. Un país cuyas redes dependen de ellos sufre el daño si su numeración se ve alterada, mientras la palanca está en manos de una empresa privada extranjera cuya responsabilidad puede no pasar de 100 dólares. A esto lo llamo inversión de la soberanía.

Los registros, y en general el mundo de la gobernanza de Internet, defienden su poder diciendo que hablan en nombre de alguien: una región, un continente, «la comunidad», el usuario final. Las cifras cuentan otra historia. El Comité Asesor At-Large de ICANN, que los estatutos de ICANN describen como el espacio propio de los usuarios individuales de Internet, tiene quince miembros; conectadas a Internet hay unos seis mil millones de personas. Cuando los miembros de RIPE NCC votaron en mayo de 2025, la participación fue del 5,3 %: 1039 votos de 19 713 miembros con derecho a voto.

Participar tiene valor, y no me opongo a ello. A lo que me opongo es a convertir la participación en un mandato. Una región de servicio es un mapa trazado por comodidad administrativa, no un pueblo. Verse afectado por una decisión no es lo mismo que tener autoridad para tomarla. Mientras tanto, el operador —que firma los contratos con los clientes, opera los routers y da la cara cuando el servicio falla— cuenta como una voz más entre muchas en salas que deciden qué puede pasarle a su red.

El coste no recae en los registros. Recae en los operadores, en forma de retrasos, trabajo jurídico y operaciones que nunca llegan a cerrarse; en sus clientes, que pagan más y pueden verse obligados a renumerar sistemas construidos en torno a una dirección; y en los países que dependen de esas redes.

Y el golpe es más duro para los pobres, precisamente aquellos a quienes las reglas dicen proteger. Décadas de asignación según la «necesidad» premiaron a quien ya era grande: Estados Unidos tiene el 43,63 % de las direcciones IPv4 asignadas; toda la región de AFRINIC, alrededor del 3,15 %. Las cuotas, el papeleo y la incertidumbre le cuestan a un operador pequeño de un mercado pobre mucho más que a uno grande, y una regla que impide que las direcciones de una región salgan de ella reduce su valor para quienes las tienen. Lo llamo la penalización de la pobreza.

La mayoría de estos costes no se ven. Los operadores pequeños no pueden permitirse enfrentarse a un registro, así que llegan a un acuerdo, acatan o desaparecen, y después su silencio se interpreta como consentimiento.

AFRINIC muestra lo que ocurre cuando esta estructura se ve sometida a presión. Según su propio relato, desde 2022 funcionó sin una junta directiva con quórum, y un tribunal nombró a un administrador judicial para organizar nuevas elecciones. En febrero de 2026, la junta recién elegida —cuya elección también fue impugnada— ratificó la política de transferencias que mantiene las direcciones dentro de la región; en marzo de 2026 se presentó un recurso judicial contra esa ratificación. Una institución incapaz de gobernarse a sí misma seguía reclamando el poder de decidir qué pueden hacer las redes con sus direcciones.

África no es una excepción. Las mismas cláusulas contractuales, los mismos límites de responsabilidad y las mismas pruebas de necesidades existen en las demás regiones, y las propias reglas por las que se reconoce a los registros se están reescribiendo. El litigio que llevó a AFRINIC a los tribunales es el más conocido, pero no es lo importante. Lo importante es la estructura que lo hizo posible.

Por eso lo describo como un fallo de diseño y no como una historia de malas personas. Un sistema que da a una institución que no rinde cuentas el control sobre aquello de lo que dependen otros producirá el mismo daño, sean quienes sean los miembros de su junta.