Por qué los organismos de registro nunca deben convertirse en autoridades encargadas de hacer cumplir las normas

Mantener un registro de direcciones y decidir quién merece un castigo son facultades distintas. Lu Heng sostiene que los organismos de registro deben mantener los registros, mientras que hacer cumplir la ley corresponde a las autoridades públicas competentes.

La función de un organismo de registro es administrativa, no punitiva. Confundir ambas cosas es uno de los errores más peligrosos de la gobernanza de Internet.
Un organismo de registro existe para mantener registros precisos: quién utiliza qué número y conforme a qué procedimientos documentados. Es, en esencia, una libreta de direcciones. Pedir a una institución de este tipo que vigile la conducta, imponga sanciones o «castigue» a los participantes supone atribuirle una función de naturaleza distinta. Una libreta de direcciones no se utiliza como instrumento coercitivo.

Negar o revocar un servicio fundamental de registro —como asignar o mantener una dirección— porque una organización «hizo o no hizo X» es irracional y no tiene precedentes en ningún sistema responsable. Equivale a negarse a dar una dirección postal a una casa en lugar de acudir a las fuerzas del orden o seguir los cauces legales adecuados. Ningún marco de gobernanza creíble funciona así.

Esto no es un argumento contra las normas. Las normas son esenciales. Su cumplimiento importa. Pero las normas que acarrean consecuencias deben ser definidas y aplicadas por los sistemas jurídicos soberanos: tribunales, reguladores y gobiernos. Un organismo de registro basado en la participación voluntaria no tiene autoridad soberana. No puede actuar como policía, fiscal y juez. Cuando intenta hacerlo, socava su propia legitimidad y la confianza de las redes que dependen de él.

Gran parte de la confusión actual proviene de mezclar dos ámbitos fundamentalmente distintos:

• Plataformas de la comunidad: listas de correo, foros y grupos de trabajo.

• Administración de recursos numéricos: la función de registro.

Un organismo de registro tiene libertad para moderar sus listas de correo o gestionar la participación en los debates de la comunidad. Se trata de un asunto interno de la plataforma. No tiene nada que ver con los recursos numéricos.

La administración de recursos numéricos se sitúa en una capa jurídica, operativa y de gobernanza diferente. La autoridad en ese ámbito es administrativa, no discrecional. Un organismo de registro no puede «prohibir» a alguien ser titular de recursos numéricos porque le desagrade su conducta, discrepe de sus opiniones o se sienta presionado por una parte de la comunidad. Que pueda moderar un debate no le otorga el poder de convertir la libreta de direcciones en un arma.

No separar estas capas conduce directamente a la inestabilidad. Se trata la infraestructura esencial de Internet como si fuera un problema de moderación de redes sociales, en el que el acceso puede revocarse según el sentir del momento, las interpretaciones o la política interna. Así se destruye la confianza.
Este riesgo se ve amplificado por la realidad del llamado modelo de «comunidad». En la práctica, consiste en un pequeño grupo de participantes activos que han decidido integrarlo —a menudo unas pocas decenas de personas—, que ni representan al conjunto mundial de miembros ni rinden cuentas ante un público más amplio. Sin embargo, sus opiniones pueden afectar a redes que operan en entornos jurídicos, culturales y políticos enormemente distintos. Desde Arabia Saudí hasta los Países Bajos, las normas de gobernanza y las expectativas jurídicas difieren de raíz. Pretender que un grupo tan reducido defina y haga cumplir normas como si gozara de legitimidad universal es poco realista.

Lo que comenzó hace décadas como un mecanismo de coordinación voluntaria se ha convertido en parte de la infraestructura crítica de Internet a escala mundial. En ese contexto, la vieja idea de «podemos decidir no jugar contigo» ya no es válida. Deben regir los principios de acceso universal y no discriminatorio.

La separación correcta de funciones está clara:

• Los organismos de registro mantienen los registros y ejecutan las transferencias conforme a procedimientos definidos.

• La aplicación coercitiva de las normas y las sanciones, cuando estén justificadas, corresponden exclusivamente a las autoridades soberanas.

Cuando un organismo de registro rebasa su mandato y utiliza funciones administrativas esenciales como instrumento de presión, no genera rendición de cuentas. Genera imprevisibilidad y propicia los abusos.

El principio es sencillo, pero no negociable:

Los organismos administrativos deben ceñirse a su mandato, y la infraestructura crítica nunca debe depender de las opiniones o preferencias de unas pocas personas, por buenas que sean sus intenciones.

Esa distinción no debe desdibujarse.