Hay que construir la salida antes de necesitarla.

Cuando se crearon los registros, las direcciones abundaban y eran baratas, y un registro podía parecer una simple libreta de direcciones. Ese mundo terminó cuando se agotó la reserva libre de IPv4. El punto de inflexión llegó con la quiebra de Nortel, cuyas 666 624 direcciones IPv4 se vendieron a Microsoft como activos en el proceso de quiebra. Desde entonces, las direcciones se transfieren, se financian, se arriendan, se litigan y están sujetas a sanciones, y forman parte de redes en pleno funcionamiento.

El lenguaje de las reglas no cambió con ellas. Unas reglas que eran inofensivas para etiquetas gratuitas actúan ahora sobre algo valioso, y cada restricción tiene un precio: compradores, prestamistas, arrendatarios y aseguradoras rebajan el valor de unas direcciones cuyo futuro depende de la discrecionalidad de un registro. Los costes visibles son las cuotas, el papeleo y los retrasos. Los mayores no se ven: capital que no puede moverse, garantías que valen menos, inversiones que nunca se hacen.

Una dirección no es solo un número en la lista de un registro. A su alrededor se construyen los cortafuegos y las listas de direcciones autorizadas de los clientes, los sistemas de pago, los despliegues en la nube, los contratos y años de configuración de seguridad. Cuanto más tiempo depende una red de un único guardián, más se acumula todo eso y más cuesta un cambio forzoso: renumerar afecta a todo lo que ha aprendido a confiar en esa dirección.

El retraso también tiene un precio. Supongamos que un operador ha pedido prestados 2 millones de dólares para una compra y que la revisión del registro añade sesenta días: a un interés del 10 % anual, eso supone unos 32 877 dólares solo en intereses, antes de perder un solo cliente. La cifra es un ejemplo, no una pérdida medida, pero el mecanismo es real, y una aprobación que por fin llega no devuelve un coste ya pagado.

Las instituciones no son lo bastante estables como para aplazar la cuestión. El registro de África lleva años en los tribunales, funcionó sin una junta directiva con quórum desde 2022 y quedó en manos de un administrador judicial nombrado por un tribunal; después, su junta recién elegida ratificó una política que mantiene las direcciones dentro de la región.

Al mismo tiempo, se están reescribiendo las reglas que reconocen a los registros. ICANN ha publicado un segundo borrador de un Documento de Gobernanza de los RIR que sustituiría a ICP-2, la política con arreglo a la cual se reconoce a los registros, y fijaría nuevas reglas sobre cómo funcionan y cómo se les puede retirar el reconocimiento. Que las nuevas reglas den a las redes una salida real o consoliden la estructura actual marcará las próximas décadas.

El consentimiento también se está debilitando. La participación en las elecciones de los registros es baja, los operadores ya tratan sus direcciones como activos digan lo que digan las reglas, y las Naciones Unidas han hecho permanente su Foro para la Gobernanza de Internet sin tocar ninguna de las palancas que controlan de verdad las redes. Un sistema que depende de la cooperación voluntaria rara vez se derrumba de un día para otro. Va perdiendo la confianza de quienes operan las redes, decisión a decisión.

El camino es previsible. Cada vez más disputas pasarán de las salas donde se debaten las políticas a los tribunales, a los que se pedirá que congelen cuentas, nombren administradores judiciales y decidan quién puede actuar en nombre de un registro. Los Estados dejarán de ver a los registros como inofensivas asociaciones técnicas. Los operadores esquivarán la autoridad de los registros apoyándose en contratos, en transferencias respaldadas por los tribunales y en sus propios archivos. Los organismos mundiales situados por encima de los registros sentirán la tentación de centralizar, y los gobiernos, la de nacionalizar; el resultado podría ser registros contradictorios y presiones políticas sobre el encaminamiento.

Tampoco es seguro que la ruptura sea gradual. Si un registro puede actuar contra una gran red o contra el espacio de direcciones de un país casi sin coste para sí mismo, una sola decisión podría fracturar el registro común, único, del que depende Internet, y dejar a los sistemas de seguridad y a los registros de transferencias apuntando a versiones distintas de la realidad. Después, restablecer un registro único sería casi imposible.

La continuidad que con razón preocupa a todos es la de una función: números únicos, datos exactos, servicios de directorio y de seguridad, y redes en funcionamiento. No es la continuidad del poder de ninguna institución concreta. Cuanto más crítica es la función, menos debería depender de la supervivencia o de la buena voluntad de una sola organización.

Esa continuidad no se puede improvisar en plena crisis. Solo el sistema de seguridad implica claves, certificados, repositorios y la confianza que otras redes depositan en ellos; trasladarlo sin riesgos exige un plan, ensayos y criterios de activación objetivos acordados de antemano. La transición tiene que empezar lo bastante pronto como para que la red sobreviva al remedio.

Para AFRINIC he propuesto un calendario: la suspensión inmediata de las revocaciones, las recuperaciones de recursos, los rechazos de transferencias y las injerencias en los servicios de seguridad o de DNS inverso por motivos no técnicos; la inscripción objetiva de las transferencias y el fin de las prohibiciones regionales de exportación en un plazo de 120 días; un diseño de portabilidad y de conmutación por error en 270 días; una reformulación completa del papel del registro en un año, y un órgano de revisión independiente en dieciocho meses.

Los operadores no tienen por qué esperar a las salas de políticas. Pueden dejar constancia de cada regla en la que se apoyaron y de cada retraso que sufrieron, exigir a los registros que cumplan los compromisos que ya asumieron, acudir a la vía legal ordinaria cuando una regla les cause pérdidas y organizarse ya con otros titulares, mientras todavía tienen capacidad de presión. Quienes esperen tendrán que organizarse después de la ruptura, en peores condiciones y a un coste más alto.

Mi propio pronóstico, formulado en marzo de 2026, es que para 2033 un libro mayor distribuido habrá sustituido a los registros como registro de referencia de Internet. Importa más la dirección que la fecha: hay que construir la salida mientras todavía se puede elegir.