Llevar el registro de Internet no da derecho a gobernarlo.

Cuando escribes un dominio, el sistema de nombres te lleva a la web correcta. Las direcciones IP, por su parte, indican a las redes dónde deben enviar los datos. Alguien tiene que garantizar que esos nombres y números sean únicos y dejar constancia de quién los utiliza. Esa coordinación básica es necesaria.

El riesgo aparece cuando la entidad que controla el registro principal también decide quién puede recibir, transferir o conservar una dirección. El operador construye la red, paga los costes y asume las pérdidas; la entidad registradora puede acabar teniendo poder de veto sobre el futuro de esa red. Lo que empezó como una tarea administrativa se convierte en un permiso para poder seguir funcionando.

A veces ese poder se presenta además como una autoridad para hablar en nombre de una región, un continente o “la comunidad de Internet”. Un mapa de servicio y una reunión no crean un mandato político sobre todas las personas afectadas. Que una organización registre a los operadores no significa que los represente.

No es un riesgo teórico. Antes de las elecciones de APNIC de 2023 señalé graves problemas de gobernanza. Las revelaciones posteriores mostraron que la organización responsable del registro de recursos de numeración de Asia-Pacífico había estado, en la práctica, bajo el control jurídico de una sola persona durante dos décadas. Si no existe una salida garantizada, una crisis institucional se convierte en una crisis operativa. Al final, las consecuencias las pagan quienes operan la red y quienes dependen de sus servicios.