¿Quién dio a los administradores de registros el poder de gobernar Internet? Estas Notas parten de ejemplos cotidianos para cuestionar esa autoridad y plantear otra forma de organizar la red.
¿Qué cambia cuando la unicidad la garantiza un algoritmo y no una institución?
Hoy, la capa más fundamental de Internet —el registro de direcciones IP— sigue centralizada en manos de cinco registros regionales de Internet de carácter privado. Cada uno conserva una parte de la base de datos mundial de registro y está sujeto a una única jurisdicción nacional. En conjunto, cuestan cientos de millones de dólares al año para mantener un sistema que, en términos técnicos, es trivial: una base de datos de registro cuyo tamaño se mide en cientos de megabytes. Esta estructura introduce burocracia, ineficiencia, riesgo geopolítico y puntos únicos de fallo en lo que se ha convertido en una infraestructura crítica mundial.
¿Qué parte del presupuesto de un registro sirve realmente a su mandato?
El costo de funcionamiento de RIPE NCC se ha convertido en una polémica recurrente, y con razón. Para evaluarlo adecuadamente, debemos partir de lo fundamental: qué hace realmente un registro regional de Internet y qué se supone que debe hacer.
¿Cuánto cuesta la participación abierta y quién se queda fuera de la sala?
Al concluir APRICOT 2024, destacan varios puntos. Fue valioso dialogar directamente con la comunidad sobre cuestiones que están dando forma a Internet en todo el mundo, y la asamblea general anual marcó un necesario punto de inflexión para APNIC tras más de dos décadas de concentración del control.
¿Quién paga los presupuestos de cientos de millones de los registros y qué recibe a cambio?
Los registros regionales de Internet emplean, en conjunto, a cientos de personas en todo el mundo y manejan presupuestos anuales de cientos de millones de dólares, financiados íntegramente mediante cuotas de afiliación obligatorias. Este modelo de financiación existe porque los RIR ejercen un monopolio de hecho sobre el registro de los recursos de numeración. La cuestión es si su función real justifica semejante nivel de gasto.
¿Qué revelaron las revelaciones de 2023 sobre APNIC y por qué no basta una reforma gradual?
Antes de las elecciones de APNIC de 2023, planteé serias preocupaciones sobre su gobernanza. En aquel momento se desestimaron y un pequeño grupo con buenas conexiones e intereses creados me atacó públicamente. Las revelaciones posteriores confirmaron aquellas advertencias: APNIC estaba, en la práctica, bajo el control jurídico de una sola persona. Durante dos décadas, su único propietario, administrador y accionista ejerció un poder estructural sobre Internet en la región de Asia-Pacífico mediante una estructura societaria privada. Esa concentración de control era peligrosa y fundamentalmente incompatible con la función que APNIC afirma desempeñar.
¿Por qué fracasan las alternativas estatales o por tratado a los registros, y qué funciona en su lugar?
A medida que el agotamiento de IPv4 dejó obsoleta la función original de asignación de los registros regionales de Internet, surgió una pregunta recurrente: ¿deberían seguir existiendo los RIR y, de ser así, bajo qué forma? Se han propuesto diversas alternativas: control estatal, organismos intergubernamentales o instituciones creadas mediante tratados, a imagen de organizaciones como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Todas estas propuestas comparten el mismo defecto: intentan resolver un problema técnico sencillo añadiendo complejidad política y burocrática.
¿Qué poseen realmente las empresas después de gastar miles de millones en direcciones IPv4?
Las direcciones IPv4 se consideran habitualmente activos y son objeto de operaciones por miles de millones de dólares entre gigantes de la nube y operadores de telecomunicaciones. Solo Amazon ha adquirido cerca de cien millones de direcciones IPv4. Alibaba, Tencent, Huawei y otras empresas han gastado cientos de millones, cuando no miles de millones, en hacer lo mismo. Sin embargo, hay un detalle que pasa inadvertido para la mayoría de los consejos de administración y los directores financieros: ninguna de esas empresas es realmente propietaria de aquello por lo que ha pagado.
¿Por qué una red debe tener el derecho incondicional de llevar sus direcciones a otro registro?
La revisión de ICP-2 ofrece una oportunidad para corregir una debilidad estructural de la gobernanza de Internet: la falta de garantías de portabilidad de los recursos de numeración. La portabilidad significa que una red debe tener el derecho incondicional de trasladar sus direcciones IP o sus números de sistema autónomo (ASN) de un Registro Regional de Internet a otro. Esto no debería ser opcional, estar sujeto a condiciones ni depender de decisiones discrecionales; debe ser un requisito de obligado cumplimiento incorporado a ICP-2. Sin portabilidad, las redes quedan, en la práctica, atadas al RIR en el que se registraron por primera vez y obligadas a soportar las consecuencias de sus fallos de gobernanza o sus interrupciones operativas. Esa dependencia crea un riesgo sistémico para la propia Internet.
¿Qué haría falta para sacar los identificadores esenciales de instituciones anteriores a la tecnología actual?
Internet sigue dependiendo hoy de estructuras heredadas que asignan y registran identificadores esenciales —nombres y números— a través de instituciones centralizadas anteriores a las tecnologías descentralizadas modernas. Estas instituciones, conocidas como Registros Regionales de Internet, se crearon cuando la red era pequeña y la colaboración técnica era informal. A medida que Internet se consolidó como una infraestructura de servicio público mundial, el control centralizado de los identificadores se convirtió en una vulnerabilidad estructural: un punto de control expuesto a la captura del poder, la gobernanza opaca y la presión política.
¿Puede una ley nacional contener datos que circulan por todas partes?
Los debates mundiales sobre la soberanía de los datos suelen confundir los ideales técnicos con la realidad operativa. En el Interconnect World Forum 2025, celebrado en Tokio, destaqué una verdad fundamental: la capacidad de hacer cumplir las leyes nacionales de localización de datos es limitada en una economía digital global en la que los datos circulan por todas partes y ninguna jurisdicción puede confinar físicamente la conectividad.
¿Por qué la última capa centralizada de Internet es un riesgo estructural y no una cuestión filosófica?
Internet lleva décadas avanzando de forma sostenida hacia la descentralización. Desde la infraestructura hasta las aplicaciones, desde las cadenas de bloques hasta la Web3, casi todas sus capas están reduciendo la concentración del control en puntos únicos. Sin embargo, una capa esencial sigue obstinadamente centralizada: los nombres y los números, es decir, los nombres de dominio y las direcciones IP. No es una cuestión filosófica, sino un riesgo estructural. Cualquier punto de control centralizado puede quedar en manos de intereses particulares, politizarse o utilizarse de forma abusiva; cuando eso ocurre, Internet se fragmenta.
