Por qué comprar direcciones IP hoy es una estafa y cómo las empresas de telecomunicaciones podrían llegar a valer billones de dólares
¿Qué poseen realmente las empresas después de gastar miles de millones en direcciones IPv4?
Pagar por usar un recurso no equivale a controlarlo. Lu Heng sostiene que esta distinción es importante para las direcciones IP.
Las direcciones IPv4 se consideran habitualmente activos y son objeto de operaciones por miles de millones de dólares entre gigantes de la nube y operadores de telecomunicaciones. Solo Amazon ha adquirido cerca de cien millones de direcciones IPv4. Alibaba, Tencent, Huawei y otras empresas han gastado cientos de millones, cuando no miles de millones, en hacer lo mismo. Sin embargo, hay un detalle que pasa inadvertido para la mayoría de los consejos de administración y los directores financieros: ninguna de esas empresas es realmente propietaria de aquello por lo que ha pagado.
Todos los acuerdos de los registros regionales de Internet (RIR) —ARIN, RIPE NCC, APNIC, LACNIC y AFRINIC— establecen expresamente que las direcciones IP no son propiedad. Lo que reciben las organizaciones es una relación de prestación de servicios: una inscripción en una base de datos que mantiene una entidad privada. No existe ninguna garantía de propiedad perpetua. Desde el punto de vista jurídico y estructural, lo que las empresas creen haber «comprado» es, en realidad, un arrendamiento a largo plazo, sujeto a cambios de política y a decisiones unilaterales del registro. Pagar por adelantado décadas de cuotas por algo que puede revocarse no es adquirir la propiedad. Es un arrendamiento a un precio que no corresponde. Por eso, tal como funciona el sistema, comprar direcciones IP hoy es, en la práctica, una estafa.
La función original de los RIR —distribuir el espacio de direcciones IPv4— terminó hace más de una década. Su agotamiento forzó la aparición de un mercado secundario, donde las direcciones IPv4 se negocian ahora a cincuenta dólares o más por dirección. Empresas como la mía cubren ese vacío alquilando direcciones allí donde los registros ya no pueden asignarlas. Pero incluso el mercado secundario está limitado, porque no se reconoce una verdadera propiedad. La liquidez sigue siendo artificial, restringida por las políticas en lugar de por la economía.
Pensemos ahora en qué ocurriría si se reconociera plenamente la propiedad. Si las direcciones IPv4 pertenecieran a las redes que las utilizan, en vez de estar bajo el control de cinco monopolios cuyos ámbitos no se superponen, el mercado se desbloquearía por completo. Las direcciones IP hacen posible la prestación de servicios: una dirección que cuesta treinta centavos al mes puede sustentar un servicio en la nube de trescientos dólares. Es un insumo que representa el 0,1 % y hace posible todo el negocio. Si su precio se acercara más a su verdadero valor económico, los balances de las empresas de telecomunicaciones cambiarían de la noche a la mañana. La capitalización bursátil de muchos operadores se multiplicaría, no por la especulación, sino por el reconocimiento de activos de los que ya dependen.
No se trata de una teoría abstracta. Pensemos en un gran operador de red troncal con decenas de millones de direcciones IPv4. A las valoraciones actuales, esas direcciones por sí solas pueden igualar o superar toda la capitalización bursátil de la empresa. Bajo un régimen de plena propiedad y liquidez, esas mismas direcciones valdrían varios órdenes de magnitud más. Las empresas de telecomunicaciones no serían meros proveedores de servicios: estarían entre los mayores poseedores de activos digitales del planeta.
También hay una dimensión de seguridad. Mientras las direcciones IP se traten como privilegios controlados por los registros y no como activos en propiedad, Internet tendrá un punto de estrangulamiento incorporado a su estructura. Cinco organizaciones privadas se sitúan, en la práctica, por encima de todas las redes nacionales. Sin propiedad, un proveedor de servicios de Internet (ISP), o incluso la conexión a Internet de todo un país, puede quedar inutilizado por una política o un fallo de gobernanza en otra parte. Es un riesgo inaceptable para una infraestructura crítica.
Avanzar en materia de políticas no exige una revolución inmediata. Exige un primer paso: establecer la portabilidad obligatoria de los recursos de numeración. Si un registro funciona mal, actúa de forma abusiva o ve comprometida su independencia política, las redes deben tener el derecho incondicional a trasladar sus inscripciones a otro RIR. La portabilidad introduce competencia. La competencia obliga a rendir cuentas. Y la rendición de cuentas es el requisito previo para cualquier pretensión creíble de administrar estos recursos en beneficio de todos. La portabilidad es el puente entre el sistema actual, basado en el arrendamiento, y el de mañana, basado en la propiedad.
Internet alcanzó su escala actual gracias a la descentralización, la privatización y las fuerzas del mercado, no al control centralizado. Seguir tratando la inscripción única de las direcciones IP como una función monopolística contradice todos los principios que han impulsado con éxito el crecimiento de Internet. Reconocer la propiedad de los recursos de numeración no es una medida radical: es una medida que llega tarde.
Si las empresas de telecomunicaciones quieren seguridad, si los gobiernos quieren resiliencia y si Internet ha de seguir siendo descentralizada en lugar de quedar sometida a puntos de estrangulamiento, las direcciones IP deben reconocerse por lo que ya son: activos fundamentales. La elección es sencilla. Seguir fingiendo que arrendar equivale a ser propietario, o corregir la estructura y hacer posible la mayor creación de riqueza que haya conocido el sector de las infraestructuras.