Sobre la portabilidad de los recursos de numeración y la revisión de ICP-2
¿Por qué una red debe tener el derecho incondicional de llevar sus direcciones a otro registro?
Una red debería poder cambiar libremente de registro sin perder sus direcciones.
La revisión de ICP-2 ofrece una oportunidad para corregir una debilidad estructural de la gobernanza de Internet: la falta de garantías de portabilidad de los recursos de numeración. La portabilidad significa que una red debe tener el derecho incondicional de trasladar sus direcciones IP o sus números de sistema autónomo (ASN) de un Registro Regional de Internet a otro. Esto no debería ser opcional, estar sujeto a condiciones ni depender de decisiones discrecionales; debe ser un requisito de obligado cumplimiento incorporado a ICP-2. Sin portabilidad, las redes quedan, en la práctica, atadas al RIR en el que se registraron por primera vez y obligadas a soportar las consecuencias de sus fallos de gobernanza o sus interrupciones operativas. Esa dependencia crea un riesgo sistémico para la propia Internet.
La portabilidad es, ante todo, una cuestión de autonomía y resiliencia. Las redes deben conservar el control de sus recursos sin depender de un registro concreto. Además, la portabilidad introduce una verdadera rendición de cuentas: si los miembros pueden marcharse, los RIR se ven obligados a mantener la calidad del servicio, la neutralidad y la competencia operativa. Un registro que funciona mal no debería poder mantener a sus miembros como rehenes. En casos de fallos graves, la portabilidad debería funcionar como un mecanismo de respaldo inmediato y exigible ante la NRO o ICANN, de forma similar a como los titulares de dominios del DNS pueden transferirlos fuera de un registro que está fallando.
No se trata de añadir complejidad a las políticas. Se trata de incorporar una válvula de seguridad a un sistema que hoy carece de ella. Hacer obligatoria la portabilidad protegería a las redes, reduciría los daños causados por los fallos institucionales y ajustaría la gobernanza de los recursos de numeración a la naturaleza descentralizada de Internet. Un pequeño cambio en ICP-2 —tratar la portabilidad como un derecho no negociable— sentaría un precedente claro: la gobernanza de Internet debe dar prioridad a las redes, preservar su autonomía y hacer efectiva la rendición de cuentas mediante su estructura, no mediante promesas.