De la doble extracción a la inversión de la soberanía: cómo las naciones pierden el control soberano frente a los RIR por 100 dólares estadounidenses

La decisión se toma en un lugar; sus consecuencias se sienten en otro. Lu Heng pregunta por qué el control de un registro compartido puede estar tan alejado de las personas que soportan su coste.

En la nota anterior no afirmé que la capa de registro se limitara a imponer cuotas visibles o molestias administrativas. La afirmación era más precisa. La primera extracción se produce cuando un recurso escaso, transferible y capaz de generar ingresos se mantiene devaluado por el marco institucional mediante una retórica que niega su condición de activo, un reconocimiento condicionado y trabas a su transferencia y uso. El recurso no se confisca abiertamente; se impide su plena capitalización. La segunda extracción se produce cuando ese mismo operador, cuyo recurso ya se ha mantenido por debajo de su pleno valor económico, sigue completamente expuesto al riesgo de la entidad de registro, porque el reconocimiento, la transferibilidad y la situación administrativa continúan dependiendo del mismo punto crítico situado por encima. Los beneficios potenciales se limitan desde arriba mientras las posibles pérdidas siguen cargándose desde abajo. A eso me refería con doble extracción.

Lo que aparece como doble extracción en el ámbito del operador se convierte en algo mayor y más grave en el ámbito del Estado. Se convierte en una inversión de la soberanía. La nación conserva todas las consecuencias adversas de una interrupción para el conjunto de la sociedad —daño económico, fragilidad de las comunicaciones, consecuencias políticas y dependencia nacional—, mientras partes decisivas de la capa de reconocimiento quedan en entidades jurídicas privadas extranjeras que operan bajo leyes extranjeras. Esa es la inversión: el control se sitúa por encima de la nación, mientras las consecuencias permanecen debajo.

Por eso la acusación habitual está formulada al revés. Si supuestamente soy yo quien está «quitándole la soberanía a África», habría que hacerse una pregunta más sencilla: ¿cómo llegó esa soberanía a quedar estructuralmente expuesta en primer lugar? La respuesta no está oculta. AFRINIC tiene su sede en Mauricio. ARIN es una sociedad constituida en Virginia. RIPE NCC está en Ámsterdam, sujeto al derecho neerlandés. APNIC opera bajo la legislación de Australia y Queensland. LACNIC está en Montevideo, sujeto al derecho uruguayo. No se trata de una anomalía regional ni de un accidente institucional. Es una estructura de cinco regiones en la que la capa de numeración de naciones soberanas queda mediada por entidades jurídicas privadas extranjeras.

Una vez expresada con claridad, la cuestión de la soberanía resulta difícil de negar. En todo el sistema de los RIR, estos organismos conservan poderes de gran trascendencia sobre el reconocimiento, la condición administrativa, la continuidad, la revocación y el estatus administrativo, mientras limitan drásticamente su propia responsabilidad jurídica o la acotan de antemano. En algunos casos, esa responsabilidad tiene un límite de apenas 100 dólares estadounidenses. Esa asimetría es el núcleo del problema. Una entidad privada extranjera puede situarse por encima de relaciones de numeración de importancia nacional y ejercer una influencia con consecuencias potencialmente sistémicas —incluida la capacidad de poner en riesgo partes sustanciales de la continuidad de Internet de una nación—, pero asumir solo pérdidas simbólicas en comparación con la escala del daño que podría derivarse de una interrupción, una suspensión, la retirada del reconocimiento o la inestabilidad administrativa. Sea cual sea el nombre que se dé a semejante esquema, no es un modelo serio de equilibrio soberano.

Y este es el punto que muchos gobiernos todavía no logran formular con suficiente claridad. Ningún comerciante, inversor, litigante u operador puede robar un poder soberano que nunca tuvo. Yo no soy un soberano. No legislo para un país. No mando sobre sus tribunales. No reivindico autoridad pública sobre el sustrato de sus comunicaciones. Pero la capa de los RIR con su gobernanza pesada ha ocupado, en la práctica, precisamente esa posición estratégica: una capa privada extranjera de reconocimiento situada por encima de los activos de los operadores y de infraestructuras nacionales críticas, mientras el Estado situado debajo sigue siendo quien soporta las repercusiones reales cuando la continuidad se ve amenazada. Eso no es mera coordinación. Es una función soberana desplazada hacia arriba, a la capa institucional equivocada.

La defensa habitual de esta estructura es histórica. Se nos dice que las entidades de registro se crearon para coordinar la unicidad y que la unicidad exige custodia. La primera parte es cierta. La segunda es donde falla el argumento. La unicidad global sí requiere coordinación, pero de un tipo acotado y técnico. No requiere una capa de gobernanza pesada y en continua evolución con poder discrecional sobre recursos de importancia económica. No requiere que entidades privadas extranjeras juzguen relaciones que, en última instancia, afectan a la infraestructura nacional. Cuando la cuestión se reduce a la propia unicidad, la justificación de una gobernanza pesada se derrumba. Sin embargo, la realidad institucional ha avanzado en la dirección opuesta: los acuerdos pueden modificarse, las condiciones pueden cambiar y la parte sometida a esa gobernanza suele seguir vinculada a un marco cambiante que no controla de verdad. Eso no es una capa ligera de coordinación. Es una capa de gobernanza que ha crecido mucho más allá de la función técnica acotada que se utilizó originalmente para justificarla.

Por eso también buena parte de la retórica que rodea el asunto es evasiva. Como he sostenido en mi nota, en torno a la gobernanza de Internet ha surgido toda una clase dedicada a la representación: una clase que no construye redes, no financia infraestructura, no soporta pérdidas operativas ni asume una responsabilidad jurídica significativa cuando los sistemas fallan, pero que habla constantemente en nombre de regiones, comunidades y «el usuario final». Para esa clase, resulta políticamente fácil denunciar a un empresario, moralizar sobre los «forasteros» y escenificar indignación con el lenguaje de la protección. Lo mucho más difícil es admitir el verdadero hecho estructural: que durante décadas los Estados soberanos han tolerado que partes de su conexión digital vital queden condicionadas por instituciones privadas extranjeras cuya personalidad jurídica radica en otro lugar y cuya exposición a las pérdidas está limitada por contrato. Cuando ese hecho se expresa con claridad, el debate cambia. Deja de girar en torno a la identidad, el simbolismo o el teatro moral sobre el escenario de una conferencia. Se convierte en una pregunta más difícil y más seria: ¿dónde recaen realmente las consecuencias coercitivas, quién las soporta en la práctica y con qué lógica se permitió que ese poder se instalara allí desde el principio?

Por tanto, un gobierno serio debería hacerse una pregunta muy sencilla: ¿cuál es la capa mínima compartida a escala global que realmente exige la interoperabilidad y qué se le ha añadido indebidamente? La respuesta no es difícil. La capa compartida debería reducirse al registro común más ligero posible: auditable, neutral y con una discrecionalidad mínima. Todo lo que se sitúe por encima de esa capa y tenga consecuencias coercitivas —revocaciones, sanciones, transferencias en disputa, efectos de la insolvencia, decisiones políticamente controvertidas y decisiones de orden público— debería quedar donde realmente pertenece la soberanía: bajo la ley de tu país, ante sus tribunales, a través de su gobierno y, en última instancia, bajo la autoridad de su pueblo. Cuanto más graves sean las consecuencias, menos legítimo es que sigan en manos privadas extranjeras.

Esto no debe confundirse con Bitcoin ni con otros relatos sobre las criptomonedas que buscan desviar el poder de los Estados. Aquí la lógica es la contraria. No se trata de despojar a los gobiernos de autoridad. Se trata de devolverles la autoridad que acumuló una capa privada de gobernanza regional sin una obligación equivalente de rendir cuentas ante la sociedad. No es un ataque a la soberanía. Es una exigencia de restaurarla.

Así pues, la continuación de la doble extracción es sencilla. En el ámbito del operador, la capa de registro reprime los beneficios potenciales mientras mantiene las posibles pérdidas. En el ámbito del Estado, mantiene las consecuencias adversas a cargo de la nación mientras desplaza el control estratégico hacia arriba, a entidades jurídicas privadas extranjeras. Eso es la inversión de la soberanía. Y, una vez que se entiende en esos términos, el verdadero escándalo deja de ser si algún comerciante «se llevó» la soberanía africana. El verdadero escándalo es que se convenciera a los gobiernos de tratar este esquema como algo normal durante tanto tiempo.

Si una entidad privada extranjera de registro en Mauricio, Virginia, Ámsterdam, South Brisbane o Montevideo puede condicionar de manera sustancial la continuidad de la capa de numeración de tu país mientras asume una responsabilidad jurídica meramente simbólica, el problema de soberanía no empezó conmigo. Empezó en el momento en que se permitió a la institución equivocada ocupar la capa equivocada. Los Estados serios deberían corregir ahora ese error. Dejen de permitir que entidades privadas extranjeras se atribuyan una posición representativa sobre su futuro digital. Dejen de permitir que instituciones constituidas bajo leyes externas y expuestas a entornos políticos externos se sitúen por encima de la continuidad de su economía digital. Desmantelen el modelo de gobernanza pesada de los RIR. Sustitúyanlo por una nueva capa ligera de coordinación que sirva a la unicidad sin usurpar el poder soberano.

Organizaciones como NRS, a través de su grupo GSG, existen precisamente para debatir estas cuestiones con las partes interesadas y los gobiernos. El asunto ha madurado lo suficiente para abordarlo directamente. La elección ya no es entre preservar el sistema actual y arriesgarse al desorden. La verdadera elección es entre seguir tolerando la inversión de la soberanía o recuperar el control de una capa que nunca debería haberse cedido. Es tu país. Es tu economía digital. Es tu responsabilidad soberana. La capa de numeración no debería pertenecer, en lo sustancial, a nadie más.