Sobre la custodia, la escasez y la hipocresía del «control comunitario»

Quién tiene el mando importa más que el nombre que se dé a un recurso. Lu Heng sostiene que la propiedad comunitaria necesita derechos exigibles, no la discrecionalidad de un administrador.

La «custodia de recursos bajo control comunitario» fue una abstracción de gobernanza condicionada por un momento histórico, no un diseño institucional duradero. Surgió en la década de 1990, cuando los recursos de Internet eran abundantes, el coste marginal era casi nulo y las decisiones de asignación tenían escasas consecuencias económicas. En aquel entorno, las normas informales, el lenguaje moral y los comités de voluntarios parecían suficientes, porque la escasez aún no había convertido la coordinación en poder.

Cuando aparece la escasez, la custodia sin derechos jurídicamente definidos acaba, de forma previsible, convertida en control administrativo. Esto no es retórica ideológica, sino una regularidad estructural observada una y otra vez en el mundo físico. Los sistemas comunistas prometían formalmente la propiedad colectiva mientras concentraban el poder real en el Estado y en la dirección del partido; las monarquías absolutistas invocaban la custodia en nombre del pueblo o por mandato divino mientras los activos eran, en la práctica, propiedad de la familia real y estaban bajo su control. El mecanismo es idéntico en todos esos sistemas: cuando los derechos no están definidos, la discrecionalidad llena el vacío, y esa discrecionalidad se concentra.

En cualquier sistema donde se diga que un recurso pertenece a «la comunidad» o a «el pueblo», el propietario real no es el colectivo al que se nombra, sino quien controla la asignación, la distribución y la revocación. La propiedad nominal es una ilusión; el control es propiedad. Así ocurría en la URSS, y lo mismo sucedía en las monarquías absolutistas. Ningún actor con peso dentro de esos sistemas confundía esta distinción. El lenguaje de la propiedad colectiva existía para legitimar el control, no para repartirlo, y los dirigentes lo sabían.

La gobernanza de los recursos de numeración de Internet sigue la misma lógica. Se dice que las direcciones IPv4 se custodian para la comunidad, pero los propietarios de hecho son las entidades que controlan los criterios de asignación, la interpretación de las políticas, las medidas contra el uso abusivo y los procesos de revocación. A medida que IPv4 pasó de ser un identificador técnico a convertirse en un recurso escaso de importancia económica, esos puntos de control se transformaron en propiedad en todo salvo en el nombre. La asignación dejó de ser un problema neutral de coordinación y se convirtió en un problema de reparto del poder, sin límites jurídicos firmes frente a la arbitrariedad, la reinterpretación retroactiva o la aplicación selectiva de las normas.

Aquí es donde el pánico actual entre los círculos internos de los RIR ante la «captura» se vuelve profundamente irónico. Su temor no es hipotético; existe precisamente porque saben que el sistema ya permite a quien controla los mecanismos contra el uso abusivo, la interpretación de las políticas y la maquinaria administrativa ejercer un enorme poder discrecional. Durante años, ese poder se ha ejercido desde dentro bajo la retórica de la custodia. Cuando un actor externo demuestra la misma capacidad estructural de influencia, la reacción no consiste en eliminar el control discrecional, sino en defenderlo.

La hipocresía se agrava cuando algunos miembros de esos círculos me presentan, explícita o implícitamente, como representante del Partido Comunista de China. Esa acusación invierte la realidad estructural. El sistema que defienden es el colectivista: recursos que pertenecen «a la comunidad», controlados por administradores y sujetos a una autoridad moral en lugar de a derechos jurídicos. Eso es colectivismo de manual aplicado a la gobernanza. La razón por la que el debate degenera tan a menudo en juicios morales y ataques a la identidad es sencilla: no existe un contraargumento de fondo. Comprenden cómo falla el modelo, conocen la realidad del control y saben que la crítica es correcta.

Si la «propiedad comunitaria» fuera real, la captura sería estructuralmente imposible. El mero hecho de que se tema la captura demuestra que la propiedad nunca estuvo en manos de la comunidad. Estaba en manos de quienes controlaban la asignación y la aplicación de las normas, igual que en los Estados colectivistas y las monarquías absolutistas. Quienes están dentro del sistema lo entienden perfectamente. El lenguaje colectivo sirve como cobertura moral del control centralizado, no como límite a ese control.

Por eso el «control comunitario» no es una salvaguarda frente a los desenlaces autoritarios; a menudo es su condición previa. Sin derechos jurídicamente definidos sobre los activos digitales, la comunidad no tiene ninguna pretensión exigible, mientras los administradores conservan la máxima discrecionalidad. El resultado no es ni eficiencia de mercado ni legitimidad democrática, sino un poder opaco justificado mediante la ideología y defendido mediante la manipulación de los procedimientos.

La mejora necesaria es, por tanto, estructural, no moral: derechos jurídicamente definidos sobre los activos digitales. La propiedad o el derecho de arrendamiento explícitos, unas reglas claras de transferencia, la posibilidad de exigir su cumplimiento ante los tribunales y unos remedios jurídicos previsibles convierten el control de hecho en una autoridad limitada. La participación de la comunidad no desaparece; queda delimitada. El derecho sustituye a la autoridad moral, la previsibilidad sustituye a la retórica de la custodia y la formación de capital sustituye al racionamiento por comité.

No existe un gobierno mundial que pueda imponer esto de forma centralizada, y eso no es una debilidad, sino una condición del diseño. La ejecución de los derechos sobre los activos digitales debe, por tanto, estar descentralizada desde su concepción. Los registros distribuidos, los contratos inteligentes y el consenso criptográfico ya proporcionan la base técnica. Como en los sistemas del tipo de Bitcoin, las reglas son explícitas, la ejecución es automática y el cumplimiento se rige por el protocolo, no por decisiones discrecionales. Cada persona posee sus propios activos; la verificación es pública; los cambios requieren un consenso explícito codificado en el contrato.

Así es la verdadera propiedad comunitaria: no activos que «pertenecen» nominalmente a la comunidad mientras los administradores los controlan en la práctica, sino activos de propiedad individual cuyos derechos se hacen cumplir colectivamente mediante reglas transparentes e inmutables. La tecnología ya existe. El fallo no es técnico; es la negativa institucional a renunciar a un poder discrecional disfrazado de custodia.

La última ironía está en el funcionamiento del sistema. Quienes se resisten desde dentro a esta transición actúan como parásitos: débiles por separado, movidos colectivamente por sus propios intereses, protegidos por el lenguaje moral y lo bastante coordinados para preservar el control. Engañan habitualmente a los responsables técnicos al presentar la conservación del poder como estabilidad, y atacan a quienes defienden a los ISP y a las redes precisamente porque la descentralización amenaza su autoridad informal. La solución no es responder con otra captura, sino con claridad: NRS, educación, asignación y acción. NRS no existe para afianzar el poder, sino para construir un consenso que impida a esos círculos internos seguir engañando a los ISP y llevándolos a actuar contra sus propios intereses. La conclusión es elemental e inevitable: un Internet descentralizado está alineado con los incentivos de todos los operadores de red, salvo los de aquellos cuyo poder depende de mantener el control centralizado.