AFRINIC, los derechos de los miembros y la interferencia ejecutiva
AFRINIC no puede eliminar a un miembro del registro para eludir una resolución judicial; los derechos de los miembros deben sobrevivir al responsable del registro.
La facultad de mantener un registro no incluye la facultad de dejar sin efecto una resolución judicial.
AFRINIC quiere que se elimine a Cloud Innovation del registro de la sociedad. El Tribunal Supremo ordenó expresamente nuestra inclusión.[1][2]
En su comunicado del 31 de octubre de 2026, AFRINIC anunció que el administrador judicial había exigido nuestra eliminación inmediata y había remitido copia de esa exigencia al primer ministro, al ministro de TIC, al fiscal general y a la State Law Office.[1]
Los derechos de un miembro se ponen a prueba precisamente donde importan: frente a las personas que administran la institución. El conflicto deja al descubierto qué ocurre cuando esas personas intentan controlar quién puede exigirles responsabilidades.
Los derechos de los miembros que sustentan esta administración
Cloud Innovation ejerció los derechos que le reconoce la Ley de Sociedades (Companies Act) como miembro titular de recursos (Resource Member) para solicitar el nombramiento de un administrador judicial (Receiver). El Tribunal reconoció nuestra legitimación, efectuó el nombramiento y ordenó celebrar elecciones conforme a los estatutos de AFRINIC. La administración judicial condujo después a la elección en la que los actuales consejeros basan su pretensión de ocupar el cargo.[7]
Los derechos de los miembros hicieron posible la solicitud. El Tribunal nombró al administrador judicial. La administración judicial dio lugar al proceso electoral en el que el consejo de administración basa ahora su autoridad.
Ahora el administrador judicial quiere eliminar del registro de la sociedad a ese mismo miembro.[1] Si AFRINIC niega la condición legal de miembro en la que se basó nuestra solicitud, debe explicar cómo encaja esa negación con el proceso jurídico del que surgió su administración actual. No pueden apoyarse en los derechos de los miembros para establecer una administración y después tratar esos derechos como desechables cuando el miembro exige responsabilidades.
La posición del administrador judicial hace más aguda la contradicción. Ocupa su cargo por autoridad del Tribunal y sigue sujeto a su supervisión. Si sus instrucciones requieren aclaración o modificación, debe volver al Tribunal. Buscar ayuda del poder ejecutivo para dejar sin efecto una resolución judicial vigente supondría usar el nombramiento judicial como fuente de autoridad mientras intenta eludir los límites que le impone.[6][7]
La autoridad del Tribunal no puede justificar que asuma el cargo y convertirse en un inconveniente que se sortea cuando limita su poder.
Corregir una categoría no borra la condición de miembro
Cloud Innovation es un miembro titular de recursos. Reconocemos que fue un error inscribirnos como «miembro registrado» (Registered Member), la categoría que los estatutos de AFRINIC vinculan a los consejeros. Aparecer en el registro no nos dio un puesto en el consejo de administración. Eso no borra nuestra condición de miembro de la sociedad.[10]
El 11 de junio de 2025, el Tribunal Supremo ordenó a AFRINIC rectificar su registro conforme a la sección 91 e incluir a Cloud Innovation como miembro, con las correcciones correspondientes en los registros del registrador de sociedades. La resolución exigía eliminar y corregir las inscripciones anteriores.[2]
La resolución de 19 de junio abordó la clasificación errónea como miembro registrado y dejó constancia de la eliminación de esa inscripción incorrectamente clasificada. No contenía ninguna orden expresa que dejara sin efecto las instrucciones de inclusión del 11 de junio.[3] AFRINIC se apoya ahora en la resolución sobre la clasificación para justificar la eliminación. Rechazo esa interpretación. Corregir la categoría no cancela una instrucción expresa de registrar la condición de miembro.
La Companies Act proporciona el marco jurídico. La sección 2 incluye a toda persona inscrita en el registro de una sociedad limitada por garantía o con derecho a ser inscrita en él. La sección 269 aplica a los miembros las disposiciones pertinentes sobre accionistas, con las excepciones previstas en la Ley. AFRINIC no tiene capital social. Se trata de protecciones legales para los miembros, no de acciones de capital negociables.[4]
Todo miembro titular de recursos debería gozar de esas protecciones. La resolución de junio nombra a Cloud Innovation; el derecho de cada uno de los demás miembros debe recibir el debido reconocimiento jurídico. Si eso significa incluir miles de nombres en el registro, inclúyanse miles de nombres. La longitud de una lista no puede decidir el alcance de un derecho.
Las autoridades del Ejecutivo no pueden suplir una resolución judicial inexistente
En mayo de 2026, AFRINIC dijo que estaba considerando pedir al Tribunal Supremo que aclarara a qué registro se refería la resolución de junio.[5] En octubre anunció una solicitud de eliminación administrativa y remisiones a las autoridades ejecutivas.[1]
¿Dónde está la aclaración judicial que autoriza la eliminación que ahora se exige?
A la luz de las instrucciones del Tribunal que ordenan nuestra inclusión, considero que esto es un intento de movilizar el poder ejecutivo y administrativo para eludir una resolución judicial. Una instrucción administrativa no puede dejar sin efecto legalmente una resolución judicial vigente. Eso vulneraría la separación de poderes y el Estado de derecho.
En Brantley, el Consejo Privado se basó en la jurisprudencia mauriciana sobre la separación de poderes y explicó que incluso un ministro que considere que una resolución se dictó erróneamente debe obedecerla hasta que sea anulada.[6] La jerarquía del funcionario que recibe una carta no cambia esa obligación.
Publiquen la notificación formal. Identifiquen la resolución vigente que autoriza la eliminación. Una lista de destinatarios gubernamentales no puede sustituirla. Poner a ministros en copia no demuestra que hayan intervenido; lo que cuestiono es la búsqueda de un resultado administrativo que dejaría sin efecto una instrucción judicial. Los funcionarios que reciban esa solicitud deben hacer respetar las resoluciones del Tribunal.
Exigimos la destitución de los directores objeto de controversia por el cauce jurídico competente. El registrador de sociedades debe ejecutar las decisiones conforme a derecho; los tribunales deben resolver las cuestiones judiciales controvertidas. Esa división obliga a todos.
Los administradores no pueden certificar su propia autoridad
Cloud Innovation no reconoce que este consejo de administración esté constituido conforme a derecho. Quienes afirman ocupar esos cargos deben demostrar la base jurídica de sus nombramientos. Un consejo de administración no se valida a sí mismo publicando un comunicado.
El mismo límite se aplica al «espíritu» de los estatutos. Un administrador debe interpretar las reglas para aplicarlas. Esa tarea no le otorga poder para sustituirlas. Cuando una desviación requiere autorización judicial, debe obtenerla. Su propia explicación del propósito de las reglas no puede suplir la autoridad que falta.
De lo contrario, el administrador decide qué reglas le vinculan, decide si las ha cumplido y espera que todas las personas afectadas acepten su respuesta.
La separación constitucional de los poderes del Estado y la gobernanza de una sociedad privada están sujetas a reglas jurídicas distintas. Ambas ponen de manifiesto el peligro de permitir que quien ejerce el poder se convierta en su juez definitivo.
Los directores supervisan las reglas que los limitan
El consejo de administración nombró a los seis miembros y al presidente del comité de revisión de los estatutos, con el consentimiento del administrador judicial. El procedimiento publicado exige la aprobación del consejo antes de presentar las propuestas finales a los miembros.[8]
El proyecto publicado vincula expresamente la inscripción legal y los derechos que reconoce la Companies Act a la condición de consejero, mientras presenta la pertenencia de los titulares de recursos como contractual. Siguen protegidos los derechos de gobernanza especificados y aquellos que la ley exige garantizar, pero el proyecto refuerza la separación jurídica entre administradores y titulares de recursos. El artículo 7.2A exige que diez miembros titulares de recursos respalden una propuesta y permite que dos tercios del total de consejeros rechacen su inclusión en el orden del día, exponiendo sus razones por escrito.[9]
El conflicto es estructural: los directores supervisan propuestas que harían que el escrutinio de esos mismos directores por parte de los miembros dependiera más de su permiso.
Los miembros siguen votando las enmiendas. Deberían utilizar ese voto para rechazar disposiciones que debiliten su capacidad de exigir responsabilidades a los administradores. Una consulta no demuestra que una facultad propuesta sea necesaria. Una mayoría no puede votar para hacer desaparecer una norma imperativa.
¿Pueden los miembros examinar la actuación de los administradores, impugnarla y solicitar reparación? ¿Pueden presentar propuestas a los demás miembros sin que las personas cuestionadas controlen su acceso a la asamblea general? Estas preguntas importan más que las promesas de buena gobernanza.
Los derechos de los miembros deben proteger las redes que operan
La pertenencia a una sociedad y los derechos sobre los recursos de numeración son cosas distintas. La inscripción en el registro de una sociedad no establece por sí sola la propiedad de un bloque de direcciones IP. Del mismo modo, el uso continuado por un operador de recursos que posee legalmente nunca debería depender de caer bien a quienes administran su condición de miembro.
La propuesta de estatutos mantiene el vínculo entre la terminación de la condición de miembro y la devolución de los recursos. También permite delegar las facultades de suspensión y terminación, sujetas a salvaguardias.[9] Por eso una cuestión de pertenencia societaria puede repercutir directamente en una red en funcionamiento.
Defiendo derechos firmes para conservar, utilizar y transferir recursos poseídos legítimamente, y que las pretensiones contrapuestas se resuelvan de forma independiente. Un consejo de administración no debería tener facultades discrecionales para confiscar los recursos de un operador. Otorgar esa facultad a una mayoría de miembros no resuelve el problema. Que voten más personas no puede fabricar la propiedad de los activos ajenos.
El principio de la Nota 72, la Carta de Derechos de la Coordinación de la Unicidad, sigue siendo el mismo. El sistema común debe proteger la unicidad, la exactitud de los registros y la continuidad operativa. Sus administradores deben mantener poderes limitados y poder ser sustituidos.
Los derechos deben sobrevivir al responsable del registro
Reconocer a cada miembro titular de recursos que tenga derecho a ello es una defensa inmediata contra la exclusión. La tarea más profunda es eliminar la dependencia que hace tan peligrosa la exclusión.
La primacía del código en funcionamiento (Running-Code Primacy) exige que la coordinación esté al servicio de las redes operativas mediante reglas verificables. Los registros y las actualizaciones autorizadas deben seguir siendo verificables de forma independiente cuando un administrador falla, incurre en un conflicto de intereses o cuestiona la posición de un miembro.
Una sustitución debe preservar una historia coherente, la unicidad de las direcciones, las funciones de seguridad y la continuidad para los clientes. Copiar una base de datos no basta si las actualizaciones legítimas o los servicios de seguridad siguen dependiendo del permiso del titular actual.
La portabilidad del registro ofrece protección durante la transición. Migrar a otra institución que conserve el mismo veto discrecional deja intacto el problema de fondo. El diseño final debe permitir que la coordinación válida continúe sin que una sola organización conserve el poder exclusivo de reconocerla.
El conflicto de AFRINIC hace visible ese fallo arquitectónico. Las redes no deberían tener que seguir ganando disputas societarias y constitucionales para proteger su posición operativa frente a su propio responsable del registro.
Un administrador puede mantener el registro. No debe adquirir el poder final de decidir qué derechos sobreviven.
Fuentes
2. Resolución del Tribunal Supremo, 11 de junio de 2025, SC/COM/MOT/000399/2025, segunda página.
4. Mauritius Companies Act 2001, secciones 2 y 269.
5. Comunicado de AFRINIC, 9 de mayo de 2026.
8. Nombramiento del comité de revisión de los estatutos, 2 de marzo de 2026; procedimiento publicado de revisión de los estatutos, 4 de agosto de 2026.
9. Proyecto publicado de estatutos modificados, artículos 6.5–6.6, 7.2A, 8.5 y 8.6.