Liberar el valor oculto de IPv4
¿Por qué los dueños de IPv4 no están en las salas donde se deciden sus reglas?
Las empresas afectadas por las reglas de los registros pueden contribuir a definirlas. Lu Heng llama a sus dirigentes a participar.
IPv4 es el recurso más importante para hacer posibles los servicios de Internet. Un dispositivo o un servidor en la nube no puede estar conectado a Internet sin una dirección IPv4. Sin embargo, el precio de IPv4 es el de algo insignificante. Por unos 0,30 dólares al mes por dirección IP, permite ofrecer servicios por valor de unos 300 dólares mensuales por servidor: aproximadamente el 0,1 % del valor que hace posible. En cualquier otro mercado, los recursos esenciales captan una parte significativa de los ingresos que permiten generar: el alquiler de un local en el centro de una ciudad suele rondar el 30 % de los ingresos de una tienda, porque la ubicación es lo que hace posible el negocio. Según esa lógica, el potencial máximo de valoración de IPv4 es inmensamente superior a su valoración actual.
Incluso con su valor deprimido, IPv4 ya representa una gran parte de la capitalización bursátil de muchas empresas de telecomunicaciones. En algunos casos, el valor implícito de sus tenencias de IPv4 se acerca a la capitalización bursátil total de la empresa o rivaliza con ella. Una apreciación modesta bastaría para elevar considerablemente la valoración de las empresas de infraestructuras. El problema no es económico: es de gobernanza.
IPv4 está infravalorado porque la propia estructura impide que el mercado funcione como un mercado real. Las políticas de los RIR hacen tres cosas que hunden la liquidez y obstaculizan la formación de precios: se niegan a reconocer la propiedad real, imponen plazos de tenencia que impiden la libre reventa y exigen «pruebas de necesidad» en las que una burocracia decide si un comprador «cumple los requisitos» incluso después de haber comprometido el capital. Estas restricciones convierten un activo escaso y valioso en un arrendamiento parcialmente sujeto a autorización, controlado por cinco pequeñas entidades privadas. Bajo las reglas actuales, esas entidades pueden modificar las inscripciones de formas que podrían paralizar grandes redes o incluso la conectividad de un país. Esto constituye tanto un riesgo de seguridad como un factor que deprime la valoración.
¿Por qué persisten estas políticas? Porque la mayoría de quienes realmente toman las decisiones —directores ejecutivos, consejos de administración y accionistas— no participan en la gobernanza de los RIR. A menudo se delega la participación en personal técnico que carece de incentivos para optimizar la valoración de la empresa o los derechos sobre sus activos. El resultado es que las políticas responden a la dinámica de un pequeño «club», en lugar de a los propietarios de los activos y las empresas afectadas.
El mecanismo para corregir esta situación ya existe: los RIR son organizaciones de miembros. Los propietarios de IPv4 —ISP, proveedores de servicios en la nube y empresas de telecomunicaciones— constituyen el electorado. La solución pasa por que quienes realmente dirigen las empresas intervengan en la elaboración de políticas: eliminar las restricciones artificiales a las transferencias, poner fin a las pruebas de necesidad, reconocer la propiedad y tratar IPv4 como un activo negociable normal, con liquidez real. Una vez liberada la liquidez, la escasez podrá reflejarse como corresponde, y el sector de las infraestructuras podrá captar una parte mucho mayor del valor que ya hace posible.
Esta es la cuestión central: mantener deprimida la valoración de IPv4 equivale a mantener deprimida, de forma colectiva, la valoración de todo el sector de los ISP y los servicios en la nube. El sector puede aceptar esa situación o recuperar el control de las reglas que la crearon.