Sobre la paradoja de la «captura» y el adversario acreditado que ellos mismos fabricaron

Calificar de intruso a un participante puede convertirlo en el centro de atención. Lu Heng sostiene que el miedo a la «captura» deja al descubierto un control concentrado bajo la afirmación de que la gobernanza pertenece a la comunidad.

El entramado ICANN/NRO/RIR sobrevive gracias a una frase: «gobernanza de abajo arriba, impulsada por la comunidad». ICANN presenta su papel como la protección de una Internet segura, estable e interoperable mediante la participación, no mediante la soberanía. Los RIR presentan su legitimidad de la misma manera: comunidades abiertas de elaboración de políticas en las que los operadores deciden y el personal se limita a facilitar el proceso. Pero este relato de legitimidad contiene su propia condición de fracaso. Solo funciona mientras la «comunidad» se comporta como un público previsible y las instituciones preservan discretamente su poder discrecional. En cuanto surge un adversario creíble desde el interior de esa supuesta comunidad —alguien capaz de actuar en los ámbitos de los procedimientos, el derecho, el capital, las coaliciones y el relato—, el sistema se encuentra con una contradicción que no puede resolver sin dejarse al descubierto. Si la gobernanza está realmente bajo el control de la comunidad, el conflicto es normal. Las coaliciones cambian. Los argumentos se imponen. Los votos varían. La influencia se desplaza. Eso no es una «toma de control». Es la gobernanza funcionando. Pero si quienes ya ostentan el control insisten en que un resultado de la comunidad puede etiquetarse como «captura», admiten implícitamente la premisa contraria: existen palancas decisivas y están lo bastante centralizadas como para que alguien pueda apoderarse de ellas. Por eso el relato de la «captura» se vuelve contra quienes lo promueven. Solo puede ser coherente en un sistema que no funciona verdaderamente de abajo arriba. Y fuerza una contradicción aún más aguda en su trato hacia mí: no pueden negar que soy parte de la comunidad —porque excluirme destruye la afirmación de apertura—, pero me describen como un invasor, porque de lo contrario tendrían que admitir que la política de la comunidad puede cambiar legítimamente los resultados. Así que sostienen ambos relatos a la vez: «la comunidad decide» y «la comunidad puede ser secuestrada». Los dos se anulan mutuamente.

Una vez entendida esa contradicción, su comportamiento se vuelve previsible. Cuando no pueden ganar dentro del espacio comunitario —porque el adversario está dentro de él y puede jugar conforme a las reglas—, cambian de escenario. Primero llega la cancelación. Se rechazan patrocinios. Se deniegan charlas. Se restringe discretamente el acceso. Circulan mensajes informales para «educar» a los participantes técnicos sobre quién es aceptable y quién es peligroso. La premisa es sencilla: aislar al adversario en lo social y en su reputación para reducir su peso. Pero la cancelación en un ecosistema técnico suele producir el efecto contrario. Al rechazar patrocinios y bloquear charlas, transformaron una presencia comercial habitual en una historia. La repercusión de la cancelación fue mayor que la del propio patrocinio. En vez de limitar el alcance, trasladaron la discusión desde espacios formales de propaganda cuidadosamente escenificada —donde se controla el mensaje y se diluye la atención— a canales informales y privados, donde la confianza es mayor y la atención está concentrada. Al intentar silenciar, amplificaron. Al intentar marginar, concentraron el escrutinio.

Cuando la cancelación fracasa, llega la escalada. Acuden a la prensa. Acuden a los gobiernos. Intentan conseguir respaldo político y patrocinar estructuras de coordinación próximas al Estado para alterar la geometría del control. CAIGA, vinculada al plan de gobernanza de Internet de Smart Africa, ilustra ese impulso: cuando se cuestiona la legitimidad interna, elevar la disputa a una instancia superior y presentar la autoridad centralizada como «coordinación» o «estabilidad». Los detalles importan menos que el patrón. Un modelo que reivindica una legitimidad de abajo arriba, pero busca una autoridad sustentada en los gobiernos para neutralizar a un adversario, no se comporta como un sistema comunitario; se comporta como un régimen que defiende su control discrecional. Aquí es donde cobra sentido la crítica que califica al sistema de «comunista», en términos estructurales y no retóricos: un control centralizado ejercido en nombre de «la comunidad», con la disidencia presentada como desestabilización. La analogía con la URSS se refiere al mecanismo, no a la ideología. La Unión Soviética justificaba la autoridad «para el pueblo» mientras concentraba el poder en un aparato reducido y etiquetaba la disidencia creíble como una amenaza para la estabilidad colectiva. La retórica era horizontal; la estructura, vertical. Esa hipocresía corroe la legitimidad porque obliga al sistema a negar sus propias premisas. Aquí aparece el mismo mecanismo. Se invoca a la «comunidad» como fuente sagrada de legitimidad, pero, cuando la comunidad produce un adversario creíble, quienes ostentan el control buscan una autoridad más fuerte fuera de ella para imponerse a su dinámica. Al hacerlo, dejan al descubierto la distancia entre el relato y la estructura, y esa exposición es más dañina de lo que cualquier adversario podría ser por sí solo.

La capa contractual muestra por qué la «captura» resulta siquiera concebible. Bajo el relato de la gobernanza hay una asimetría contundente: el registro controla el libro de registro que sirve de referencia definitiva para los recursos numéricos —la puerta de acceso a la continuidad de los operadores—, mientras su responsabilidad queda limitada por contrato a una cifra cercana a cero en relación con el valor económico y la dependencia operativa sobre los que incide. El RSA de AFRINIC limita la responsabilidad a la mayor de dos cantidades: seis meses de cuotas o 100 USD; el acuerdo de ARIN para recursos heredados sigue la misma lógica estructural; APNIC y RIPE excluyen ampliamente su responsabilidad, al tiempo que conservan la potestad de imponer medidas sobre los recursos delegados; la estructura de RIPE permite cambiar las reglas mediante decisiones de la Asamblea General sin volver a firmar el contrato, lo que significa que las reglas pueden cambiar mientras la dependencia permanece fija. Esto no es una queja moral; es un mapa de incentivos: máxima capacidad de presión, mínimo riesgo y, por tanto, una tentación permanente de ampliar la discrecionalidad ante cualquier amenaza.

Y todo ello se ejerce en nombre de «la comunidad», a veces ampliada retóricamente hasta insinuar que representa a toda la humanidad. Ese encuadre es conveniente, pero engañoso. En la práctica, el control decisivo está en un círculo relativamente pequeño —miembros de los consejos, directivos y personas de dentro estrechamente conectadas— que se cuenta por decenas, no por miles de millones. Unas pocas decenas de actores se sientan, en la práctica, alrededor de una mesa y controlan un libro de registro vital a escala mundial, mientras el diseño contractual reduce su responsabilidad a casi nada. El control concentrado sobre una infraestructura crítica queda protegido por una responsabilidad mínima y justificado mediante la invocación de una «comunidad» difusa e indefinida. Cuanto más amplia es la definición retórica de la comunidad, más tenue resulta la rendición de cuentas real. En cualquier otro sector de infraestructuras críticas, semejante capacidad de presión conllevaría una responsabilidad fiduciaria proporcional y supervisión regulatoria. Aquí la estructura está invertida: control en pocas manos, lenguaje moral expansivo y un riesgo insignificante para quienes lo ejercen. La reivindicación de la «comunidad» se convierte en un escudo que protege a un club de viejos conocidos de una rendición de cuentas proporcional a su poder.

Ahora, el hecho estratégico decisivo: no tienen ejército. Ni armas. Ni un monopolio soberano de la fuerza. Son encargados de llevar un libro de registro, no Estados. Su única moneda para hacer valer sus decisiones es la cooperación voluntaria y la neutralidad percibida, y esa moneda es finita. Cada maniobra política que intentan la consume. Cada cancelación, cada campaña de rumores, cada comparecencia ante la prensa, cada recurso a los gobiernos, cada intento de construir capas de control próximas al Estado quema el mismo activo que permite funcionar al sistema. Por eso sus ataques no pueden eliminar a un adversario. Solo pueden acreditarlo. En un sistema no soberano, la escalada es una señal, no un castigo. Cada vez que elevan el conflicto a la prensa, cada vez que acuden a los gobiernos a quejarse, cada vez que presentan mi existencia como una amenaza existencial, me acreditan sin querer. Transmiten públicamente esta señal: «este actor es real; este actor tiene capacidad de presión; los mecanismos internos son insuficientes». Esa señal es irreversible. Crea un centro de atención: un adversario validado por quienes ya ostentan el control. El silencio mantiene pequeños a los adversarios. Nombrarlos los crea. Su miedo fabrica aquello que temen. Y, una vez que un adversario se convierte en la prueba de resistencia visible de la legitimidad, el sistema no puede deshacer esa visibilidad; ya ha gastado su única moneda en crear las condiciones de su propio declive.

Desde mi perspectiva, la secuencia ha sido constante a lo largo de los años. Empieza con la acusación de una infracción de las políticas que no existe, porque el objetivo no es el cumplimiento, sino la discrecionalidad: encontrar una palanca, ampliar la interpretación, imponer la autoridad. Después viene el comportamiento de hermandad: los de dentro cierran filas para proteger el control en lugar de los principios. Luego, la escalada hacia los medios, porque el relato sustituye a la fuerza soberana. Después, la escalada hacia los gobiernos, porque la autoridad externa es más fuerte que la legitimidad voluntaria. Luego, los intentos de añadir capas superiores —estructuras de coordinación por encima de la gobernanza de los miembros— para reconstruir la discrecionalidad centralizada. Se lo advertí hace años: los RIR llevan libros de registro, pero carecen de poder soberano para imponer sus decisiones. Si se comportan como gobernantes, destruirán la neutralidad que los sostiene. Se negaron a escuchar. Al hacerlo, me convirtieron en el primer adversario ampliamente reconocido y acreditado por quienes ostentan el control. Irónicamente, quienes se oponen a mí a menudo fueron quienes más trabajaron para amplificar mi presencia, porque la escalada fabricó credibilidad a escala mundial.

El último punto es por qué esto es irreversible y por qué no se trata de que yo sea «poderoso», aunque ese sea el relato que preferirán. Personalizar el fracaso protege las estructuras. Si el colapso puede reducirse a un solo villano, el modelo sigue siendo inocente. Pero la descentralización es inevitable porque este modelo de gobernanza es estructuralmente insostenible. Depende de la moderación, la buena voluntad y la disciplina de un círculo pequeño que concentra una discrecionalidad desproporcionada sobre un libro de registro mundial, con una responsabilidad mínima. Estadísticamente, en cualquier sistema así, acabará apareciendo un actor corrupto: un mal director ejecutivo, un consejo cuya integridad está comprometida o alguien de dentro que anteponga el control a la neutralidad. Es una certeza estadística, no una acusación. Los sistemas construidos sobre la discrecionalidad concentrada y una escasa rendición de cuentas no se derrumban por enemigos externos; se derrumban porque los incentivos internos acaban produciendo abusos. Basta con que alguien de dentro lleve la discrecionalidad más allá de la moderación para fracturar la legitimidad. Ese actor no soy yo. Es quien abusó del poder desde dentro creyendo que podía hacerlo impunemente. Pueden decirse que la fuerza de Lu Heng causó la perturbación. En realidad, fue un nodo corrupto de su propia hermandad el que dejó al descubierto cuánto poder discrecional existía realmente sin rendición de cuentas.

Una vez que el poder del registro se politiza, la neutralidad se derrumba. Y, una vez que la neutralidad se derrumba, cambia la lógica económica. La escasez de IPv4 ha transformado el libro de registro: de una contabilidad administrativa ha pasado a ser infraestructura de capital. El capital no tolera la ambigüedad. Exige previsibilidad. La previsibilidad exige neutralidad. En cuanto la neutralidad se vuelve condicional —sujeta a la política, al relato o a la aplicación discrecional de medidas—, los operadores responden racionalmente. Cubren sus riesgos. Diversifican sus dependencias. Los mercados encuentran vías para sortear los puntos de estrangulamiento. Esto no es una rebelión. Es una alineación de incentivos.

No hay un soberano mundial que garantice la continuidad del registro. Hay casi doscientos Estados soberanos, cada uno con su propia jurisdicción, sus incentivos y su alineamiento geopolítico. Un coordinador no soberano que intenta comportarse como un soberano —apelando a uno u otro gobierno para preservar su discrecionalidad— no crea estabilidad. Crea fragmentación. Un soberano no puede dictar las acciones de todos los demás. Complacer a un centro de poder político puede enemistarlo con otro. Mientras tanto, ninguno de ellos puede permitirse un colapso de la continuidad mundial de Internet, porque la interdependencia económica convierte la interrupción en un acto autodestructivo. Los gobiernos no pueden ponerse de acuerdo sobre el control y no pueden vivir sin que la red funcione. Ese bloqueo estructural deja una sola dirección sostenible: la descentralización.

A ello se suma el mecanismo de deterioro interno —discrecionalidad concentrada, responsabilidad mínima y la certeza estadística de que, tarde o temprano, alguien de dentro abusará del poder o sobrepasará los límites de la moderación—, y la ruptura de la estructura actual se vuelve inevitable. Los sistemas construidos sobre la buena voluntad y la disciplina informal de un círculo pequeño acaban encontrándose con un nodo corrupto. Cuando eso ocurre, la legitimidad se fractura. No importa quién sea el punto de tensión; la tensión estructural saldría a la luz de todos modos.

Ocurrió en esta fase. Ocurrió conmigo como centro visible de atención. Pero yo no soy la causa estructural. Soy el punto de tensión expuesto de un sistema cuyos incentivos ya habían cambiado mucho antes de que mi nombre quedara asociado a él. A lo sumo, soy la gota que colmó el vaso de una estructura ya inestable: el peso que reveló su fragilidad, no la fuerza que la creó. Un sistema construido sobre la discrecionalidad concentrada, una rendición de cuentas mínima, la vulnerabilidad política y la dependencia de la buena voluntad de un círculo pequeño estaba estadísticamente destinado a fracturarse. Que lo desencadenara yo o cualquier otra persona es secundario; las condiciones internas hacían inevitable la ruptura.

Por tanto, la descentralización no es un eslogan ni una campaña personal. Es el único equilibrio estable disponible en un mundo multipolar con una infraestructura convertida en capital y sin un respaldo soberano mundial. Cuando los incentivos cambian, las estructuras terminan siguiéndolos. La ruptura no fue causada por un adversario; fue puesta al descubierto por él.

LARUS —y el pensamiento que la sustenta— no es mitología ni personalidad. Es una concordancia estructural con la lógica económica de los operadores durante una transición sistémica. La conducta de quienes ostentan el control ha revelado que el libro de registro está sujeto a discrecionalidad, puede ser objeto de disputa política y depende de una buena voluntad que no puede garantizarse estadísticamente. En ese entorno, la continuidad deja de ser una constante presupuesta y pasa a ser una variable de riesgo medible. LARUS no surgió como una rebelión, sino como una respuesta económica a ese riesgo. Cada escalada, cada politización, cada intento de centralizar la autoridad en nombre de la «comunidad» dejó al descubierto la fragilidad del modelo existente y abrió espacio para una alternativa acorde con los intereses de los operadores. En ese sentido, LARUS no es una oposición al sistema; es una consecuencia estructural de sus excesos, una solución que el propio sistema hizo necesaria.

A medida que la contabilidad centralizada y discrecional evoluciona, bajo una presión sostenida, hacia una realidad del capital más descentralizada y distribuida, LARUS se mantiene como el único modelo sometido a una presión continua en el mundo real que ha seguido operando sin fallos estructurales. Esa presión no fue hipotética: incluyó confrontación jurídica, disputas de gobernanza, ataques narrativos y resistencia institucional. Que LARUS sobreviviera, se adaptara y se expandiera a lo largo de esas fases demuestra capacidad, no retórica: capacidad para proteger los intereses de los operadores, transformar la estructura bajo presión y sobrevivir a la hostilidad sistémica sin derrumbarse. Esa resiliencia es la prueba. No una postura moral, sino la solidez operativa a lo largo del tiempo. En una época en la que la gobernanza heredada consume su neutralidad para defender el control, LARUS demuestra que la continuidad no exige una escenificación de soberanía. Exige incentivos alineados, compromisos exigibles, disciplina jurídica y redundancia estructural.

Esto no se presenta como una reivindicación de exclusividad ni como un triunfo personal. La experiencia acumulada mediante una confrontación jurídica, de gobernanza y operativa sostenida es conocimiento ganado bajo presión, y la presión es la maestra más honesta. Ese conocimiento puede compartirse. La transición en curso no es reversible; los operadores merecen claridad, preparación y protección fundadas en la realidad estructural, no en palabras tranquilizadoras. Estoy dispuesto a aportar capacidad jurídica, análisis estratégico y marcos prácticos desarrollados bajo una presión real para ayudar a los operadores a atravesar esta fase con una menor exposición al riesgo. Que los operadores elijan directamente LARUS es decisión suya. Lo que no es opcional es el propio cambio estructural. El ecosistema avanza hacia la descentralización bajo presión; prepararse es racional, negarlo no lo es.