Cuando la empresa de agua dice que tu casa le pertenece

Ofrecer una conexión no convierte al proveedor en propietario de aquello que conecta.

Imagina que tu empresa de agua te dice lo siguiente:

Como soy el único proveedor de agua de tu zona, te represento.
Como te represento, me debes lealtad.
Como me debes lealtad, no tienes permitido cambiar de proveedor.
Como no tienes permitido cambiar de proveedor, tu casa, en la práctica, me pertenece.
Y como tu casa depende de mis tuberías, puedo amenazarte, cobrarte de más, extraer valor de ti y subir los precios sin límite.

Cualquier persona normal diría que la empresa ha perdido la razón.

Para ser más precisos, la empresa no ha perdido la razón.
Está haciendo algo peor.

Está convirtiendo una función de suministro en una pretensión de soberanía.

Una empresa de agua es un proveedor de servicios.
No es la propietaria de la casa.
No es la representante de quien vive en ella.
No es el gobierno del distrito.
No es la propietaria moral del agua.
No adquiere autoridad política por el mero hecho de que el residente no disponga de una tubería alternativa.

La exclusividad no es propiedad.
Una zona de servicio no es un territorio.
Una relación de facturación no es un vínculo de lealtad.
Una conexión a una tubería no es un título de propiedad.
La capacidad de cortar el servicio no es un derecho legítimo a gobernar.

Si una empresa de agua es el único proveedor, la conclusión debería ir en sentido contrario.
Su margen de discrecionalidad debería ser menor.
Sus obligaciones deberían ser mayores.
Sus precios deberían estar sujetos a límites.
Sus registros deberían poder auditarse.
Su conducta debería estar sometida a restricciones más estrictas.
Y el sistema debería ofrecer una vía para sustituir al proveedor, obtener un servicio de emergencia o hacer efectiva la portabilidad.

El monopolio no crea soberanía.
El monopolio crea obligaciones.

Ese es el absurdo fundamental de la política de dependencia forzada de AFRINIC.

El problema de AFRINIC no es que desempeñe una función de registro.
Esa función es necesaria.
Los recursos de numeración de Internet deben ser únicos.
Las direcciones IP y los ASN requieren registros precisos.
Las redes deben saber que un mismo recurso de numeración no se ha registrado dos veces.
La capa de coordinación debe preservar la continuidad operativa.

Esas son funciones técnicas.

Pero AFRINIC convierte esa función técnica limitada en otra cosa.
Trata la administración regional del registro como si fuera propiedad regional.
Trata la autoridad sobre la base de datos como si fuera control sobre los activos.
Trata la condición de miembro como si fuera un vínculo de lealtad.
Trata la interpretación de las políticas como si fuera un derecho a decidir el destino de redes en funcionamiento.

En la práctica, dice:

Como estás en mi región, debes recurrir a mí.
Como debes recurrir a mí, no puedes irte.
Como no puedes irte, puedo definir las condiciones de las que depende la supervivencia de tus recursos.
Como defino esas condiciones, puedo juzgar tu modelo de negocio, tus clientes, tu ubicación geográfica, tus arrendamientos, tus transferencias y tu uso comercial.
Y si no estás de acuerdo, puedo amenazarte con dar de baja tus recursos del registro.

Es la empresa de agua diciendo que la casa le pertenece.

Una entidad de registro no es la propietaria de los recursos de numeración.
Un RIR no es un Estado.
Una región de servicio no es un pueblo.
Una sala donde se debaten políticas no es un parlamento.
Un contrato de afiliación no es un vínculo de lealtad política.
Un asiento en una base de datos no es un instrumento de confiscación.

El peligro central no es simplemente que AFRINIC haya fallado.

Las instituciones fallan.
Las entidades de registro fallan.
Los consejos de administración fallan.
Las elecciones fallan.
Los procedimientos fallan.
Las empresas privadas fallan.

El peligro central es que, cuando AFRINIC falla, abusa de su poder, entra en conflicto, deja de ser fiable o pierde la confianza, los titulares de recursos no tienen una salida real.

Eso es dependencia forzada.

Y este punto debe formularse con precisión.

No se trata del traslado de miembros.

No hablo de un miembro que pasa de AFRINIC a ARIN, RIPE NCC, APNIC u otro RIR.
No hablo de una empresa que traslada su domicilio social de una región a otra.
No hablo de migrar la afiliación.
No hablo de quién asiste a qué reunión, paga qué cuota o pertenece a qué estructura corporativa regional.

Esa no es la cuestión.

La cuestión es si un recurso de numeración concreto puede trasladar la administración de su registro, su asiento registral, la prueba de control sobre él y su continuidad operativa fuera de una entidad de registro que ha fallado, que es abusiva, que está en conflicto o que no inspira confianza.

Se trata de la portabilidad de cada recurso.
No del traslado de cada miembro.

La condición de miembro es una relación contractual.
Un recurso de numeración es un activo operativo.

Un miembro es una unidad contable.
Un recurso de numeración es infraestructura.

Un miembro puede permanecer en una región.
Un recurso de numeración concreto sigue necesitando una vía alternativa ante un fallo.

Un miembro puede seguir existiendo conforme a las normas de afiliación de la entidad de registro.
Un bloque de direcciones IP concreto no debería quedar atrapado para siempre en el fracaso político, jurídico u operativo de esa entidad.

La casa no pertenece a la empresa de agua por el mero hecho de que el contador esté registrado en su sistema.

La red no pertenece a AFRINIC por el mero hecho de que el asiento correspondiente al recurso de numeración figure en su base de datos.

El asiento registral describe la realidad.
No es dueño de la realidad.

Cuando IPv4 se convirtió en un verdadero activo, la dependencia forzada dejó de ser un inconveniente administrativo.
Se convirtió en control sobre los activos.

Restringe la liquidez.
Destruye la certidumbre necesaria para financiarse.
Desincentiva los mercados de arrendamiento.
Reduce la capacidad de transferir los recursos.
Convierte la discrecionalidad de la entidad de registro en una herramienta de presión comercial.
Permite que una entidad de registro controle el valor sin asumir la pérdida si ese valor se destruye.

Esa es la forma más peligrosa de poder: control sin responsabilidad por los daños.

AFRINIC puede decir:

No asumo las pérdidas de tu negocio.
No asumo la pérdida de tus clientes.
No asumo tus pérdidas de financiación.
No asumo las consecuencias de las interrupciones de tu enrutamiento.
No asumo la destrucción del valor de tus activos.
Pero conservo el poder de amenazar la situación registral de tus recursos.

Eso no es coordinación.
Es el poder de quien mantiene rehenes.

Si una empresa de agua pudiera subir los precios sin límite, amenazar con cortar el suministro, impedir que la sustituyeran, negar la portabilidad y, aun así, eludir toda responsabilidad por los daños que causa, nadie llamaría a eso servicio público.
Lo llamarían captura de la infraestructura.

La política de dependencia forzada de AFRINIC aplica esa misma estructura a los recursos de numeración de Internet.

Convierte la región en una jaula.
Convierte el asiento registral en una correa.
Convierte la afiliación en obediencia.
Convierte las políticas en un riesgo de confiscación.
Convierte la coordinación técnica en extracción de valor mediante el monopolio.

La función que corresponde a la entidad de registro es limitada.

Puede mantener la unicidad.
Puede dejar constancia de quién es titular de cada recurso de numeración.
Puede exigir pruebas de control.
Puede impedir el registro duplicado.
Puede corregir los registros fraudulentos.
Puede preservar la integridad técnica.
Puede mantener declaraciones mínimas de seguridad.

Pero no puede adueñarse del destino comercial del titular de los recursos.

No puede decidir que el arrendamiento es moralmente sospechoso.
No puede convertir la ubicación geográfica de los clientes en autoridad para imponer sus reglas.
No puede transformar la historia regional en control sobre los activos.
No puede utilizar su base de datos para restringir la liquidez.
No puede tratar los recursos integrados en redes operativas como privilegios revocables por el mero hecho de que no le guste el modelo de negocio de su titular.

Una entidad de registro es un mero encargado administrativo de la unicidad.
No es el Olimpo.

Por eso la portabilidad no es opcional.
Es el derecho mínimo que debe poder exigirse de manera efectiva.

Sin portabilidad, cada RIR es un punto de dependencia forzada.
Sin portabilidad, cada fallo de una entidad de registro se convierte en una crisis para los operadores.
Sin portabilidad, cada titular de recursos queda expuesto a las fantasías institucionales.
Sin portabilidad, cada bloque de direcciones IP de valor permanece como rehén de una entidad de derecho privado que reivindica su importancia para la infraestructura pública mientras elude la rendición de cuentas propia del derecho público.
Sin portabilidad, el sistema de direccionamiento de Internet no es un sistema de coordinación.
Es una jaula.

La primacía del código en funcionamiento establece el orden correcto.

Las redes en funcionamiento tienen prioridad.
La unicidad tiene prioridad.
La prueba de control tiene prioridad.
La continuidad operativa tiene prioridad.
La continuidad de los activos tiene prioridad.
La conmutación a una alternativa ante un fallo tiene prioridad.
Las vías de sustitución tienen prioridad.

Los rituales del registro no tienen prioridad.
La mitología regional no tiene prioridad.
Los lemas de la comunidad no tienen prioridad.
La lealtad de los miembros no tiene prioridad.
La supervivencia institucional no tiene prioridad.

Si AFRINIC puede prestar un servicio de registro de alcance limitado, preciso, fiable y de bajo coste, puede seguir prestándolo.

Si no puede hacerlo, los recursos de numeración concretos deben poder salir de su control.

No el miembro.
El recurso.

No la identidad de la empresa.
La administración del registro.

No el domicilio social.
El registro operativo.

No la región.
La prueba de control.

Esa es la diferencia entre coordinación y cautiverio.

Esto no es un ataque contra la función de registro.
Es una defensa de esa función frente a la captura del registro.

Un sistema que no admite la salida no es un sistema de coordinación.
Es un monopolio.

Una entidad de registro que no puede sustituirse no es un proveedor de servicios.
Es una pretensión de soberanía.

Y un RIR que utiliza su monopolio sobre los registros de recursos de numeración para exigir lealtad es exactamente como la empresa de agua que les dice a los residentes que sus casas le pertenecen.

Una sociedad normal rechazaría a esa empresa de agua.

Internet debería rechazar la misma lógica cuando aparece bajo la forma de un registro.

La solución no es hacer que la empresa de agua sea más cortés.
La solución no es pedirle que escriba mejores lemas.
La solución no es dejar que llame comunidad al vecindario y constitución al mapa de tuberías.

La solución es negar esa pretensión de soberanía.

AFRINIC no es dueña de la casa.
AFRINIC no es dueña de la red.
AFRINIC no es dueña del recurso.
AFRINIC mantiene un registro.

Y cuando quien mantiene el registro se convierte en el riesgo, el registro debe poder trasladarse.