¿Quién puede hablar por un continente, una comunidad o los usuarios?

En la gobernanza de Internet hay personas que no construyen redes, no financian infraestructuras, no asumen los riesgos de la operación y apenas responden cuando los sistemas fallan. Aun así, hablan constantemente en nombre de regiones, comunidades, usuarios e incluso continentes enteros. Lo que ofrecen no es conectividad. Es la pretensión de representar a otros.

Prestar servicio a una región no da derecho a representarla

El mismo problema aparece en los registros regionales de Internet, los RIR, y en la ICANN, la organización que coordina los nombres y números de Internet. En los RIR, un mapa administrativo acaba sirviendo de fundamento para reclamar autoridad regional. En la ICANN, las categorías de la institución se convierten en «comunidades», y después se habla de ellas como si hubieran delegado una voz política real. La maniobra es siempre la misma: convertir una categoría administrativa en una supuesta fuente de legitimidad.

Los registros regionales no surgieron de una verdad profunda sobre la cultura, la soberanía o las fronteras entre civilizaciones. Surgieron para gestionar un sistema que crecía. Más tarde, el documento ICP-2 convirtió aquel arreglo en doctrina: un nuevo RIR debía atender una región geográfica extensa, de tamaño aproximadamente continental, y cada región debía contar con un solo RIR, bajo una misma dirección y en un mismo lugar. Lo que empezó como una solución administrativa práctica terminó confundiéndose con una arquitectura política.

La diferencia importa: una zona de servicio no es un pueblo soberano. RIPE indica que el RIPE NCC atiende a más de 20.000 miembros en 76 países de Europa, Oriente Medio y Asia Central. AFRINIC divide su zona de servicio en seis subregiones para elaborar estadísticas y elegir su junta, que, según explica, incluye representantes de las seis subregiones africanas y dos directores no regionales. Son delimitaciones de servicio y mecanismos de gobierno interno, no identidades políticas compartidas. Un mapa coloreado y un sistema de reparto regional de puestos no crean un mandato de todo un continente.

Por eso tantos comentarios sobre AFRINIC se equivocan en dos sentidos opuestos. Unos lo presentan como prueba de que África no funciona. Otros lo identifican con África misma: criticar a AFRINIC sería criticar al continente, y obtener recursos a través de él sería apropiarse de «bienes de África». Ambas afirmaciones son falsas. La IANA describe su función principal como la asignación a los RIR de bloques de direcciones IP y números de sistemas autónomos —números AS— todavía no asignados. AFRINIC se define como distribuidor y administrador de esos recursos en su zona de servicio. Eso lo convierte en un canal de distribución y registro dentro de un sistema mundial, no en la fuente soberana de los activos que administra.

¿Quién invierte, quién opera y quién soporta las pérdidas?

Una vez aclarado esto, la cuestión de los activos resulta sencilla. Son las redes las que construyen negocios alrededor de los recursos de numeración. Invierten capital, contratan ingenieros, despliegan routers, firman contratos, crean sistemas de soporte y mantienen relaciones con sus clientes. Cuando se interrumpe la continuidad, se bloquea una transferencia o deja de ser estable el reconocimiento de los recursos, ellas sufren las consecuencias. No las sufre el registro. Ni el ponente de la conferencia. Ni el representante regional. Las sufre el operador.

Por tanto, la presunción económicamente seria es también la más simple: la red que posee legítimamente el recurso, lo utiliza en producción, lo financia y asume las pérdidas es su verdadero titular en términos sustantivos. La coordinación es un servicio, no un derecho de propiedad superior. Llevar un registro no equivale a ejercer soberanía. Administrar un activo no otorga la propiedad de ese activo.

Aquí es donde se vuelve peligroso el lenguaje de la «custodia» o stewardship. Una función de coordinación limitada puede ser legítima. Registrar recursos y mantener las cuentas puede ser útil. Pero cuando la coordinación se convierte en tutela, y la tutela en una supuesta atribución política, la institución cambia de naturaleza. El registro deja de actuar como registro y pasa a comportarse como guardián, fiduciario y, finalmente, autoridad política.

El propio sistema de los RIR ya contiene esa tentación. RIPE incluye entre sus funciones la coordinación y la representación de los miembros de su región. AFRINIC explica que sus directores se eligen con un criterio de representación regional, pero que, una vez designados, representan a toda la región y no solo a la subregión de la que procede su puesto. Ahí ya hay un salto: los miembros de una zona de servicio son una cosa; «la región» convertida en sujeto político es otra.

Asistir a una reunión no es recibir un mandato de los usuarios

La ICANN lleva esta lógica aún más lejos. Su Comité Asesor At-Large, ALAC, se presenta como el principal espacio institucional para la voz y las preocupaciones de los usuarios individuales de Internet. La página de grupos de la propia ICANN también describe At-Large como la voz del usuario individual. AFRALO se define como el hogar de esa comunidad en la región africana. El GAC, el Comité Asesor Gubernamental, afirma ser la voz de los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales en la estructura de múltiples partes interesadas de la ICANN. El Business Constituency se presenta como la voz de los usuarios comerciales, y el NCUC dice dar voz y representación a organizaciones y usuarios no comerciales en los procesos de la ICANN.

Pero ¿quién designó a los representantes del «usuario individual de Internet»? ¿Quién autorizó a unos cuantos asistentes habituales, miembros de comités, conocedores de los procedimientos y profesionales de las políticas a hablar por miles de millones de usuarios? Esos usuarios nunca los eligieron, nunca delegaron en ellos y, por lo general, ni siquiera han oído hablar de ellos.

No hay una respuesta seria. Lo que hay es una puesta en escena institucional: se crea una categoría, se organiza una estructura a su alrededor, entran participantes y, poco a poco, su participación se presenta como prueba de representación.

Eso no es representación en un sentido político riguroso. Es clasificación, procedimiento y repetición. Se coloca una etiqueta, unas personas entran en una sala y, con el tiempo, la sala empieza a hablar como si fuera el conjunto de personas al que alude la etiqueta. Así es como un círculo especializado en procedimientos transforma una estructura administrativa en autoridad moral.

No me opongo a la participación. Me opongo a atribuirle un mandato que no tiene. Llamemos comité asesor a un comité asesor, grupo de partes interesadas a un grupo de partes interesadas y participante a un participante. Pero no finjamos que una estructura de la ICANN, a la que sus integrantes se suman por iniciativa propia, ha adquirido el derecho de hablar por «el usuario final». Tampoco finjamos que un registro regional ha recibido el derecho de hablar por todo un continente.

Limitar el poder y proteger la continuidad y la movilidad

La respuesta tampoco consiste en sustituir las pretensiones excesivas del registro por las del Estado. Los recursos de numeración de Internet no son trofeos nacionales, ni bienes que correspondan por derecho a un continente, ni material para el teatro político. Un monopolio mundial tampoco resolvería nada: ampliar la misma ficción representativa a todo el planeta no la hace válida.

La única dirección seria es acotar la autoridad, reforzar la rendición de cuentas y aclarar la lógica de la propiedad. Hay que descentralizar donde sea posible y asegurar la interoperabilidad donde sea necesaria. El sistema debe proteger la continuidad de las redes, permitir trasladar los recursos, hacer verificables los registros y poner límites al poder arbitrario. Los mitos sobre la geografía y la representación no sustituyen esos objetivos.

Nadie habla por un continente. Nadie habla por «el usuario final». Las personas hablan por instituciones, comités, miembros y, en ocasiones, por gobiernos que realmente las han enviado. En la mayoría de los casos de este ámbito, eso ya es lo máximo que se puede afirmar con honestidad. En cuanto la pretensión va más allá, empieza la ficción.

Soy Lu Heng, director ejecutivo de LARUS Limited y fundador de la Fundación LARUS. Trabajo en infraestructuras de Internet, mercados de direcciones IP y gobernanza mundial de Internet, con participación directa en los cinco registros regionales. Estas Notas examinan cómo se administran realmente los recursos de numeración y cómo establecer un marco más responsable y resistente para los activos críticos en direcciones IP. Leer mis otras Notas.