Sobre la falacia de la soberanía
¿Puede un continente ser soberano sobre un registro de coordinación?
Ponerse de acuerdo sobre registros compartidos no crea una autoridad soberana. Lu Heng defiende una coordinación de la que ninguna jurisdicción por sí sola pueda apropiarse.
La soberanía no es un sentimiento, un eslogan ni un relato. Es una propiedad estructural. Donde no existen la capacidad de imponer las decisiones y una autoridad última, no existe soberanía. Todo lo demás es imagen de marca.
La «soberanía digital africana» falla en este punto. Un continente no es una entidad soberana. Cincuenta y cuatro Estados independientes con leyes, políticas e incentivos incompatibles no constituyen una autoridad única. No hay una jurisdicción unificada, ni una capacidad común de hacer cumplir las decisiones, ni una instancia legítima de decisión final. Lo que se presenta como soberanía es, en realidad, un intento de simularla.
La contradicción se hace visible en la capa de registro. Las direcciones IP y los ASN no son símbolos abstractos: son registros de coordinación que existen únicamente porque los participantes los reconocen de forma voluntaria. Internet funciona no porque alguien pueda imponer su control, sino porque nadie necesita hacerlo. En cuanto la autoridad de registro se presenta como algo de lo que uno puede ser «dueño» en términos políticos, ya se está entendiendo mal el sistema.
Los organismos regionales de registro amplifican este malentendido. Los países que no albergan uno confunden la distancia con una pérdida de soberanía. Los países que sí lo albergan confunden la proximidad con el control. Ambos se equivocan. El Estado anfitrión se convierte inevitablemente en un punto de estrangulamiento jurídico y político, que absorbe disputas y presiones que traspasan las fronteras. Los demás Estados quedan expuestos a decisiones sobre las que no pueden influir. En ambos casos, el organismo de registro deja de ser un mecanismo neutral de coordinación y se convierte en un campo de batalla para disputas ajenas.
El fallo más profundo es conceptual. Los organismos de registro centralizados alimentan la creencia de que el control es posible, y esa creencia desencadena intentos de ejercerlo. Una vez que comienzan esos intentos, se quiebra el carácter voluntario de Internet. Llegan entonces los litigios, las sanciones, los bloqueos y la parálisis de la gobernanza, no como abusos, sino como consecuencias lógicas de fingir que un sistema cooperativo puede someterse a una autoridad.
Por eso el problema no puede resolverse trasladando la autoridad ni «arreglando la gobernanza». Hay que sustraer la propia capa de registro a la fuerza de atracción de la política. Solo un libro de registro plenamente distribuido preserva la condición original que hizo funcionar Internet: coordinación sin coacción, reconocimiento sin jurisdicción, orden sin gobernantes.
La soberanía digital no se recupera afirmando el control. Se recupera eliminando la ilusión de que ese control deba siquiera existir.