Sobre por qué los recursos numéricos de Internet no son propiedad política

Trazar un límite de servicio no convierte en propiedad propia la red que contiene. Lu Heng distingue la labor de coordinar direcciones de la pretensión de propiedad política sobre los recursos de Internet.

En mi nota reciente, Cuando el poder de los registros se separa de la responsabilidad jurídica, se separa de la realidad, sostuve que el problema moderno de los registros comienza con una asimetría estructural. Las instituciones que pueden afectar de manera sustancial a la posibilidad de transferir los recursos, a su reconocimiento, a la continuidad y, por tanto, a su valor económico real siguen funcionando con estructuras de responsabilidad jurídica diseñadas para un mundo mucho más antiguo y mucho más pequeño. IPv4 es ahora escaso, transferible, tiene precio, es objeto de litigios, permite obtener financiación y resulta indispensable para las operaciones; sin embargo, la forma jurídica de la capa registral sigue funcionando como si se limitara a administrar una anotación de oficina de escaso valor. Esa es la primera fractura. El poder se ha ampliado; la rendición de cuentas, no.

Pero esa fractura de responsabilidad jurídica no existe de forma aislada. Se apoya en un error de diseño anterior que ahora resulta imposible ignorar. Internet no nació como cinco espacios políticos. Nació como una sola red. La transición hacia los registros regionales de Internet no fue el descubrimiento de una verdad profunda sobre la cultura, la soberanía o los límites entre civilizaciones. Fue una respuesta a la necesidad de crecer. El modelo regional surgió porque la organización centralizada original ya no podía responder al crecimiento mundial. Lo que comenzó como una conveniencia operativa se trató después como si fuera una arquitectura política permanente. Ese fue el error. Una respuesta administrativa al problema de escala se transformó poco a poco en una teoría de la autoridad legítima.

Eso importa porque, cuando un mecanismo para gestionar el crecimiento se reinterpreta como fundamento político, la capa registral empieza a atribuirse significados que nunca se le otorgaron. Una región de servicio no es una comunidad soberana. No es un pueblo políticamente unificado. No es un colectivo coherente al que representar en términos morales. Es un mapa administrativo. El hecho de que Estados, sistemas jurídicos y culturas radicalmente distintos, e incluso adversarios geopolíticos en conflicto activo, puedan estar dentro de la misma región de un RIR debería bastar para acabar con la fantasía de que esas regiones son unidades políticas naturales. No lo son. Son ámbitos geográficos de servicio heredados. Un mapa de registros coloreado no es una teoría del gobierno legítimo.

Esto aclara también un punto que los comentarios actuales suelen interpretar de forma muy equivocada. Lo que está ocurriendo en AFRINIC no demuestra que «África» sea intrínsecamente disfuncional, ni demuestra que AFRINIC encarne de algún modo a África como entidad soberana. Ambas afirmaciones son falsas. AFRINIC es una institución registral dentro del sistema de los RIR. No es África misma y no habla como propietario jurídico de todos los intereses comprendidos en su ámbito geográfico de servicio. Tampoco solicitar recursos a través de AFRINIC equivale a «apropiarse de lo que pertenece a África». AFRINIC es un canal de distribución y registro dentro de un sistema mundial; no es la fuente soberana originaria de los activos que administra. Por tanto, la crisis de AFRINIC no es un problema de la civilización africana ni una prueba de que se haya vulnerado una propiedad política africana. Es un problema de estructura registral: demasiado control de acceso concentrado, muy poca rendición de cuentas, demasiada mitología sobre la representación y muy poco respeto por las redes que realmente operan los recursos y soportan las consecuencias adversas.

Una vez comprendido esto, la cuestión de los activos resulta mucho más sencilla que la retórica que la rodea. Las redes construyen negocios en torno a los recursos numéricos. Dedican a ellos capital, ingenieros, enrutadores, contratos, sistemas de soporte, relaciones con clientes, estructuras de financiación y disciplina operativa. Soportan las pérdidas cuando se perjudica la continuidad. Soportan el daño comercial cuando se obstaculizan las transferencias. Soportan las consecuencias operativas cuando se desestabiliza el reconocimiento. El registro no hace nada de esto. El registro documenta, coordina y presta servicios. No opera la red. No financia la red. No absorbe sus pérdidas. Por tanto, la única presunción económicamente coherente es sencilla: la red que posee legítimamente el recurso, lo utiliza en producción, lo financia y asume su riesgo es, en esencia, la verdadera titular del activo. La coordinación es una capa de servicio, no una pretensión superior de propiedad. Llevar un registro no es ejercer soberanía. Administrar no equivale a tener un título de propiedad.

Precisamente por eso el lenguaje de la «custodia responsable» se vuelve peligroso cuando no se define con precisión. Una función limitada de coordinación puede ser legítima. Una función de documentación y registro puede ser útil. Pero, cuando la coordinación se magnifica hasta convertirla en custodia y la custodia se magnifica aún más hasta convertirla en un derecho político, la función registral se transforma en algo que nunca estuvo destinada a ser. Un registro no es un Estado. Un continente no es una persona jurídica soberana. Un RIR no está autorizado a convertir los activos de los operadores en propiedad política mediante la retórica de «la región», «el pueblo» o «el destino colectivo». En cuanto se acepta esa maniobra, la capa de numeración empieza a atacar desde abajo la arquitectura de Internet. Sustituye la continuidad operativa por la exposición a decisiones políticas.

Esa exposición ya no es hipotética. Una capa de coordinación fragmentada ya exige una coreografía entre regiones, políticas separadas y actuaciones administrativas sincronizadas. Eso puede ser tolerable como carga burocrática. No lo es como fundamento de una pretensión política superior sobre activos utilizados en todo el mundo. Una capa de coordinación fragmentada es una cosa. Una capa de coordinación fragmentada que reclama un título moral o político superior sobre los activos utilizados por las redes es algo completamente distinto. Lo primero es administración. Lo segundo es extralimitarse.

El problema de la rendición de cuentas se vuelve aún más agudo al situarlo junto a las condiciones contractuales. Mi argumento anterior sobre este punto sigue siendo decisivo. Instituciones registrales con una exposición muy limitada a pérdidas ocupan una posición de control sobre recursos con consecuencias económicas reales de gran magnitud. Eso ya era inestable cuando se presentaba como administración técnica. Se vuelve intelectualmente indefendible cuando esas mismas instituciones, o los círculos internos que las rodean, empiezan a insinuar una pretensión más amplia sobre los activos subyacentes, ya sea en nombre de la región o de su custodia en interés público. Eso ya no es solo poder separado de la rendición de cuentas. Es poder separado de la rendición de cuentas que, además, pretende apoyarse en un mandato de una civilización.

Por eso hay que rechazar de raíz la retórica actual de quienes están dentro del sistema. Un RIR puede coordinar recursos para sus miembros. Esa es una función limitada y comprensible. No equivale a representar a todos los Estados, todos los pueblos, todos los intereses políticos o todas las pretensiones morales dentro de un ámbito geográfico de servicio. La distinción es fundamental. En cuanto la representación de los miembros se magnifica retóricamente hasta convertirse en representación de la propia región, el sistema empieza a deslizarse hacia la ficción. Nadie que hable en serio puede explicar cómo una sola capa registral puede «representar» políticamente a Estados con intereses, sistemas jurídicos y conflictos geopolíticos radicalmente distintos solo porque aparecen dentro del mismo mapa de servicio heredado.

Por eso también sigue siendo pertinente mi argumento sobre las elecciones de AFRINIC acerca del control de las camarillas y la descentralización. El problema era claro: demasiado poder de decisión concentrado en un círculo pequeño, muy poca transparencia sobre cómo se ejercía ese poder y demasiada capacidad de los integrantes de ese círculo para utilizar los procesos, los procedimientos y su conocimiento de la institución para controlar los resultados contra el conjunto de los miembros. La respuesta no era más retórica. La respuesta era una gobernanza descentralizada y dirigida por los miembros, junto con un reconocimiento más firme de los derechos de los titulares de direcciones. Eso no era lenguaje de campaña. Era un argumento estructural. Cuando un poder de coordinación sobre recursos escasos y económicamente significativos se concentra en una pequeña clase que domina los procedimientos, la complejidad se convierte en un arma, el proceso se convierte en un filtro y «comunidad» se convierte en una palabra utilizada sobre todo por quienes ya están más cerca del micrófono.

Pero descentralizar no significa sustituir las pretensiones excesivas de los registros por las pretensiones excesivas de los Estados. Los recursos numéricos de Internet no son trofeos nacionales. No son derechos que correspondan a los continentes. No son materia prima para el teatro político. Internet se convirtió en la primera red de comunicación descentralizada de la humanidad a escala mundial precisamente porque ningún Estado ni alianza podía definir por sí solo su totalidad. Reintroducir en la capa de numeración una lógica de propiedad propia del Estado es socavar ese logro. Si un gobierno, una coalición de gobiernos o una clase política cercana a los registros sostiene que las direcciones utilizadas por las redes de una región son en realidad «propiedad del pueblo» y deben administrarse políticamente desde arriba, eso no es liberación. Es una lógica expropiatoria revestida de un lenguaje más de moda.

Tampoco la respuesta es un único monopolio mundial. Si cinco monopolios regionales pueden derivar hacia pretensiones excesivas, mitología y politización, un monopolio planetario no haría más que ampliar al máximo el mismo patrón de fallo. El problema no es solo que el mapa sea incorrecto. El problema de fondo es el poder discrecional concentrado sobre recursos de relevancia mundial y de importancia económica. Dividir ese poder en compartimentos regionales no lo resolvió. Centralizarlo aún más resolvería todavía menos.

El único destino serio es la descentralización con interoperabilidad: estándares compatibles a escala mundial, reconocimiento que pueda trasladarse de un sistema a otro, registros auditables, reglas transparentes y garantías de continuidad lo bastante sólidas como para que ninguna institución registral, región, bloque de Estados o círculo interno pueda poner en riesgo grandes parcelas de la vida económica mediante una reinterpretación o una captura institucional. El objetivo del diseño debe ser la verificabilidad, la portabilidad y la continuidad, no la mitología geográfica. La verdadera pregunta no es qué relato político resulta más satisfactorio emocionalmente. La verdadera pregunta es qué estructura mantiene estable Internet mientras reduce al mínimo el poder arbitrario sobre los recursos de los que dependen realmente las redes.

La prueba práctica es sencilla. Si una doctrina dice que la red que construyó, pagó, operó y soportó las consecuencias adversas de un recurso numérico no es realmente su titular, pero sí lo es alguna capa administrativa regional, esa doctrina es falsa. Si una doctrina dice que un registro y su círculo inmediato de conocedores de los procedimientos pueden hablar en nombre de todos los pueblos de una región de servicio que abarca Estados radicalmente distintos e incluso conflictos activos, esa doctrina es falsa. Si una doctrina dice que solicitar recursos a través del canal de servicio de un RIR equivale a apropiarse de la propiedad de un continente, esa doctrina es falsa. Y, si una doctrina dice que el fracaso de una institución registral debe atribuirse a los defectos de una civilización o a la soberanía herida de una región, esa doctrina es falsa.

Durante la mayor parte de la primera etapa de Internet, el modelo de registros regionales podía tolerarse como una solución de compromiso útil para gestionar el crecimiento. Eso ya no basta. En cuanto los recursos numéricos se volvieron escasos, transferibles, financieramente significativos y parte integrante de negocios reales en funcionamiento, cambió el criterio. La capa registral debe ahora justificar su existencia conforme a las exigencias de rendición de cuentas, portabilidad y continuidad. No puede sustituir la legitimidad por la geografía. No puede sustituir la propiedad por los procedimientos. Y no puede transformar los activos de los operadores en propiedad política mediante la exageración retórica.

Los recursos numéricos de Internet no son propiedad política. Son activos en manos de operadores e integrados en redes que funcionan. El registro puede documentarlos, coordinar lo relativo a ellos y ayudar a que el sistema siga siendo comprensible. Pero no se convierte por ello en su soberano, su superior moral ni su verdadero propietario. En cuanto Internet acepta esa ficción, empieza a desmantelar la lógica que hizo resiliente a la red desde el principio.