Cómo un contable neutral se convirtió en un poder frágil

La mesa de un contable puede proyectar una sombra de dimensiones soberanas. Lu Heng cuestiona cómo los registros privados llegaron a ser tratados como autoridades por encima de la rendición de cuentas ordinaria.

En Por qué fracasan los países, Acemoglu y Robinson distinguen entre instituciones inclusivas y extractivas. Los sistemas inclusivos distribuyen el poder y limitan la discrecionalidad. Los sistemas extractivos concentran la autoridad en una élite reducida y preservan el control limitando la rendición de cuentas. Este marco no solo se aplica a los Estados, sino a cualquier estructura de gobernanza construida sobre una autoridad decisoria concentrada.

La gobernanza de los recursos de numeración de Internet empezó como una tarea de contabilidad técnica. Los registros coordinaban la asignación y mantenían la estabilidad del enrutamiento. En los primeros tiempos, IPv4 era abundante y económicamente insignificante. El libro de registro tenía una función administrativa, no de capital. En esas condiciones, era razonable que un pequeño organismo privado de coordinación pudiera funcionar sobre la base de normas profesionales y buena voluntad.

La escasez cambió la estructura.

La escasez de IPv4 transformó el libro de registro en infraestructura de capital. Las direcciones se convirtieron en activos. Surgieron mercados de arrendamiento. Apareció la valoración económica. Una vez que el registro pasó a formar parte del capital, la discrecionalidad de la entidad que lo administraba se convirtió en poder económico. Sin embargo, la rendición de cuentas no creció a la par de ese poder. La responsabilidad jurídica siguió siendo mínima en relación con el valor de los activos. La discrecionalidad en la aplicación de las normas siguió centralizada. La cultura de gobernanza continuó invocando a la «comunidad» como fuente de legitimidad mientras las palancas decisivas permanecían concentradas.

Esto es una deriva extractiva.

Se sostiene sobre la percepción.

Durante años, escuché a operadores de red hablar de los RIR como si fueran gobiernos, soberanos, reyes intocables. Insistí una y otra vez en un hecho jurídico sencillo: los RIR son pequeñas entidades privadas sin fines de lucro que operan bajo el derecho de un país. No son soberanos. No son gobiernos. No son reguladores. Según muchos parámetros objetivos, algunos son entidades más pequeñas que LARUS.

Pero el relato los engrandeció.

En los medios y en el imaginario de la comunidad, se los elevó a una condición casi soberana: inevitables, invencibles, imposibles de cuestionar. Los sistemas extractivos dependen de esa percepción. Antes de que se los ponga a prueba, parecen imparables. Como los regímenes autoritarios, proyectan una imagen de inevitabilidad. No se apoyan en la fuerza, sino en la creencia.

Una vez que se los desafía —y que quien los desafía sobrevive—, la ilusión se resquebraja.

La gente comprende que es posible oponerse. Que la autoridad puede cuestionarse. Que el rey no tiene ejército.

La reacción es previsible.

En lugar de aceptar la realidad jurídica, intensifican la defensa de su relato. Me acusan de actuar «de forma abusiva y con ánimo de hostigar», incluso cuando las sentencias han determinado que un registro abusó de su posición. En vez de aceptar el escrutinio judicial, la NRO llegó a dirigirse al Gobierno de Mauricio para solicitar protecciones similares a la inmunidad. Esa iniciativa es reveladora. Un organismo que afirma basarse en la comunidad, construirse de abajo arriba y carecer de soberanía no pide a un gobierno una inmunidad de tipo soberano salvo que ya haya empezado a imaginarse como soberano.

La contradicción es flagrante.

Insisten en que solo facilitan el consenso de la comunidad. Sin embargo, cuando se los impugna ante los tribunales, buscan una protección que vaya más allá de la responsabilidad ordinaria de una entidad privada. Sueñan con el privilegio soberano, y lo solicitan a los gobiernos. Es a la vez trágico y absurdo.

Si fueran realmente coordinadores basados en la comunidad, aceptarían estar sujetos a la misma responsabilidad jurídica que cualquier entidad privada. La petición de inmunidad demuestra lo contrario: se consideran por encima del derecho ordinario. Esa aspiración basta para dejar al descubierto el mito.

Cuando se enfrentan a una derrota judicial o a una vulnerabilidad estructural, no pueden reconciliarla con el relato de su condición intocable. Así que amplifican las explicaciones externas. Insinúan que soy extraordinariamente poderoso. Sugieren que represento a fuerzas geopolíticas mayores. Me presentan como agente de algo más grande, porque si solo soy un individuo que actúa dentro de la realidad jurídica y económica, su derrota resulta humillante.

Para preservar la imagen de invencibilidad, necesitan engrandecer al adversario.

Si solo soy un actor privado, su autoridad se derrumba. Si me respaldan imperios, su relato sobrevive. Es una forma de preservar psicológicamente la soberanía que creen tener.

Pero no tienen ejército. Ni monopolio de la fuerza. Ni mandato soberano.

Su único capital es la cooperación voluntaria y la percepción de neutralidad. Cada escalada —hacia los medios, hacia los gobiernos, hacia las peticiones de inmunidad— consume ese capital. En un sistema no soberano, la escalada no puede eliminar a quien lo desafía. Solo puede darle reconocimiento. El silencio mantiene pequeños a los adversarios. Nombrarlos les da entidad.

Su miedo fabrica aquello que temen.

Incluso las instituciones extractivas respaldadas por un poder soberano real tienen dificultades para sobrevivir a lo largo del tiempo. La coerción es costosa, la legitimidad se deteriora, el capital y el talento se marchan, y las contradicciones se acumulan hasta provocar una fractura. Si los sistemas extractivos con ejércitos y potestad tributaria encuentran límites estructurales, la deriva extractiva al estilo de los RIR —intentada sin poder soberano y sostenida únicamente por la percepción de poder— es intrínsecamente más débil. Intentar sostener una institución extractiva sobre la percepción, en lugar de sobre la capacidad soberana, es a la vez patético y estúpido: es una extralimitación sin la maquinaria que permite sostenerla.

Este conflicto también es una necesidad histórica.

Una vez que surge un mercado secundario, el centro de gravedad se desplaza de la asignación administrativa a la inversión de capital. Los mayores actores del mercado secundario empiezan a suministrar direcciones a gran escala, obtienen más ingresos de los flujos de activos que los propios registros y acumulan más influencia práctica sobre quién obtiene IPv4 y en qué condiciones. Llegado ese punto, la hostilidad del registro no es un choque de personalidades; es la respuesta defensiva natural de una institución administrativa que ve cómo la estructura del mercado invierte su poder relativo. LARUS, como la mayor empresa del mercado secundario de IPv4 del mundo, se encuentra exactamente en ese punto de tensión: el proveedor dominante del mercado se convertirá inevitablemente en la principal amenaza para el registro.

Yo no soy la causa estructural de este cambio.

Como mucho, soy el punto de tensión que dejó al descubierto una fragilidad ya incorporada en el diseño de los incentivos. La combinación de discrecionalidad concentrada, rendición de cuentas mínima y la probabilidad de extralimitaciones internas garantiza una fractura tarde o temprano.

La escasez de IPv4 convirtió el libro de registro en capital. El capital exige previsibilidad. La previsibilidad exige un poder limitado. Una vez que el poder se politiza y se vuelve discrecional, los mercados se adaptan. Los operadores se cubren frente al riesgo. Diversifican sus dependencias.

La descentralización no es rebelión.

Es equilibrio.