Sobre la revisión de ICP-2, los criterios ante el fallo de un RIR y por qué el poder debe seguir emanando de la base
¿Quién debe decidir que un registro ha fallado: sus miembros o las instituciones por encima de él?
¿Quién decide cuándo debe cambiar un registro compartido? Lu Heng sostiene que la decisión corresponde a sus miembros, también cuando el servicio falla.
La crisis de gobernanza de AFRINIC llevó a retomar ICP-2, un documento redactado hace más de veinte años para definir los criterios de creación de los registros regionales de Internet. Y con razón.
Hoy, los RIR operan con una autonomía extraordinaria: no rinden cuentas ante ninguna autoridad soberana, carecen de mecanismos claros para que otro asuma sus funciones en caso de fallo y, en algunos casos, no cuentan con un depósito de datos en custodia efectivo ni con un plan de contingencia. Es necesario establecer un criterio que determine cuándo un registro ha dejado de cumplir su función.
Lo que no es aceptable es utilizar ese proceso para centralizar aún más el poder. Cualquier mecanismo para retirar o restituir la acreditación de un RIR debe estar impulsado exclusivamente por sus miembros, no por la NRO ni por ICANN.
El sistema de los RIR existe únicamente por consenso voluntario; no hay ninguna ley ni mecanismo coercitivo que lo respalde. Una solución impuesta desde arriba fracasaría de inmediato, porque los miembros pueden simplemente dejar de reconocerlo.
Si se revisa ICP-2, la revisión debe reforzar —no debilitar— el modelo de abajo arriba, con requisitos explícitos que exijan un acuerdo abrumador entre los miembros para cualquier medida decisiva.
La rendición de cuentas debe surgir de la descentralización, no de la jerarquía. Incluso cuando haya deficiencias en el proceso, animo encarecidamente a todos los miembros a participar en el cuestionario actual de la NRO: si la comunidad no se pronuncia, otros decidirán por ella.