Sobre la estructura de costos de los registros regionales de Internet

Detrás de los gastos de estructura de un registro están las personas que, en última instancia, pagan por conectarse a Internet.

Los registros regionales de Internet emplean, en conjunto, a cientos de personas en todo el mundo y manejan presupuestos anuales de cientos de millones de dólares, financiados íntegramente mediante cuotas de afiliación obligatorias. Este modelo de financiación existe porque los RIR ejercen un monopolio de hecho sobre el registro de los recursos de numeración. La cuestión es si su función real justifica semejante nivel de gasto.

En esencia, un RIR realiza una sola tarea: mantener una base de datos de inscripciones. Esa base de datos es pequeña —del orden de unos pocos gigabytes— y su operación es técnicamente trivial. Por sí sola, no es una función compleja ni costosa. La razón por la que los RIR crecieron tanto está en su historia. En la década de 1990 se les encomendó distribuir las direcciones IPv4 de forma justa, lo que requería personal técnico encargado de evaluar las necesidades y prevenir abusos. A lo largo de las décadas, mientras esa función perdía peso, las instituciones fueron extendiéndose a otros ámbitos: programas de formación, conferencias mundiales, reuniones de la comunidad que exigían numerosos viajes y grandes estructuras administrativas.

El resultado es un desajuste entre función y costo. Cada usuario de Internet, a través de su proveedor de servicios de Internet (ISP), paga en la práctica una cuota obligatoria a cinco organizaciones privadas simplemente para obtener una dirección IP. Esto funciona como un impuesto mundial a la conectividad. Cuando un costo es obligatorio y universal, lo éticamente exigible es reducirlo al mínimo. En la práctica, ha ocurrido lo contrario. Como en muchos sistemas burocráticos, el poder monopolístico ha permitido la expansión en lugar de la contención.

Esta carga recae de forma desproporcionada sobre los usuarios más pobres. Un niño que asiste a una escuela rural del Sudeste Asiático y vive con un dólar al día contribuye indirectamente a financiar viajes internacionales, conferencias y gastos administrativos de los que nunca se beneficiará. En algunas regiones, los registros gastan millones al año solo en trasladar personal de un continente a otro para asistir a reuniones, mientras los operadores de zonas remotas apenas consiguen justificar las cuotas básicas necesarias para mantenerse conectados.

Muchos miembros desconocen este desequilibrio. Saben que el registro proporciona direcciones IP, pero pocos son conscientes de qué parte del presupuesto se destina a actividades ajenas a su función esencial. En algunos casos, el costo real de mantener la función registral ha representado una pequeña fracción del gasto total, mientras las conferencias, la comunicación y el sostenimiento de la propia institución han consumido la mayor parte.

Esto no es sostenible ni justo. Una infraestructura esencial debe funcionar con una estructura ajustada, ser previsible y centrarse estrictamente en su mandato. Los miembros —en especial los de regiones insuficientemente atendidas— deben preguntar adónde van sus cuotas, participar en la gobernanza y votar en consecuencia. La rendición de cuentas es el requisito mínimo. A más largo plazo, la cuestión es si en el futuro harán falta instituciones tan centralizadas y costosas.

Como mínimo, quienes gobiernan los registros deben afrontar una realidad sencilla: la infraestructura crítica de Internet no debe financiarse extrayendo la máxima renta de los usuarios más remotos y con menos poder del planeta.