Sobre el costo de funcionamiento de RIPE NCC y por qué las cuotas de afiliación deberían reducirse radicalmente
¿Qué parte del presupuesto de un registro sirve realmente a su mandato?
Delimitemos con claridad el servicio esencial. Dejemos que los miembros elijan qué actividades adicionales quieren apoyar.
El costo de funcionamiento de RIPE NCC se ha convertido en una polémica recurrente, y con razón. Para evaluarlo adecuadamente, debemos partir de lo fundamental: qué hace realmente un registro regional de Internet y qué se supone que debe hacer.
El mandato principal de RIPE NCC es limitado. Mantiene una base de datos de registro de direcciones IP y números de sistema autónomo (AS), y opera RPKI para autenticar la información de enrutamiento. Técnicamente, esto no es complejo. La propia base de datos de registro ocupa apenas unos cientos de megabytes, y RPKI es un servicio operativo bien definido. Todo lo demás —programas de formación, grandes conferencias, plataformas de medición, numerosos viajes e infraestructura para la participación de la comunidad— es complementario, no fundamental.
Sin embargo, el presupuesto previsto de RIPE NCC para 2024 es de 38,2 millones de euros. De esa cifra, aproximadamente 9,6 millones se destinan a los servicios registrales esenciales, y unos 10 millones más cubren el apoyo operativo básico, como recursos humanos, servicios jurídicos e instalaciones. Incluso sin adoptar medidas drásticas de eficiencia, RIPE NCC podría desempeñar sus funciones esenciales con aproximadamente la mitad de su presupuesto actual. En otras palabras, las cuotas de afiliación podrían reducirse al menos un 50 % simplemente concentrándose en lo que el registro debe ofrecer realmente.
Los 20 millones de euros restantes financian servicios de «valor añadido»: plataformas de información, reuniones, formación, actividades de difusión y viajes. Algunos de estos servicios son útiles; algunos son excelentes. Pero su utilidad no justifica incluirlos en una cuota obligatoria. Las cuotas de afiliación a los RIR funcionan como un impuesto de hecho al acceso a Internet, que pagan indirectamente todos los usuarios finales. Cuando una cuota es obligatoria, la equidad exige reducirla al mínimo y limitarla estrictamente a las funciones esenciales.
Esto importa porque la región a la que presta servicio RIPE no es uniformemente rica. Incluye países que siguen en conflicto, economías en transición y comunidades para las que unos cientos de euros representan una carga considerable. Cobrar a los operadores de esas regiones para subvencionar viajes por todo el mundo, conferencias y servicios que quizá nunca utilicen no es equitativo ni defendible.
La solución es sencilla. La cuota de afiliación obligatoria debe financiar los servicios registrales esenciales —registro y RPKI— y nada más. Todas las demás actividades deben separarse y financiarse mediante mecanismos voluntarios: patrocinios, donaciones, tarifas por uso o fundaciones independientes. Así es como las entidades sin ánimo de lucro actúan de manera responsable en cualquier otro sector. Si servicios como RIPE Atlas, RIPEstat, la formación o las reuniones aportan un valor real, no faltarán grandes operadores y patrocinadores dispuestos a apoyarlos directamente.
La misma lógica se aplica a los viajes y los eventos. Las reuniones de la comunidad son valiosas, pero no necesitan financiarse con un gravamen general a todos los miembros. Las grandes empresas de telecomunicaciones y quienes asisten pueden financiarlas sin dificultad mediante patrocinios o cuotas de inscripción. Una infraestructura esencial no debe depender de una burocracia cada vez mayor.
El debate no debería girar en torno a cómo redistribuir las cuotas o quién paga más. Debería centrarse en respetar estrictamente los límites del mandato. Eliminar todo lo que no sea esencial, reducir las cuotas al mínimo posible y dejar que los servicios opcionales se sostengan por sus propios méritos. Esa sola decisión restablecería de inmediato la equidad, reduciría las barreras a la participación y obligaría a RIPE NCC a ajustar su estructura a su mandato.
Ese es el cambio que los miembros deberían exigir.