Sobre AFRINIC, la gobernanza de los RIR y el mito de la «propiedad comunitaria»

Tener un asiento en la mesa no significa hablar en nombre de todos los que están fuera.

Escribo esta nota no como comentarista, sino como alguien que ha vivido de primera mano la realidad de la gobernanza de los Registros Regionales de Internet (RIR), especialmente en AFRINIC.

Cada vez veo con mayor claridad que muchos RIR padecen hoy un fallo estructural disfrazado de procedimiento y una concentración de poder disfrazada de «comunidad». Con el tiempo, las políticas y los procedimientos se han vuelto tan complejos y opacos que benefician, sobre todo, a un pequeño círculo de personas que conocen el sistema por dentro y saben cómo desenvolverse en él y darle forma. Existe ya todo un ecosistema de «consultores de RIR» que interpretan normas que a menudo ellos mismos ayudaron a diseñar, y obtienen beneficios de un laberinto que los miembros de a pie no tienen ni tiempo ni incentivos para dominar. Esto no es una gobernanza sana; es captura regulatoria mediante la complejidad.

Esta ventaja de quienes forman parte del círculo interno trasciende las políticas y se extiende a la propia gobernanza. El mismo pequeño grupo de personas tiende a alternarse en comités, consejos asesores y juntas directivas, apoyándose mutuamente en sus candidaturas y propuestas año tras año. Las voces independientes o reformistas encuentran una resistencia estructural que no se ejerce mediante el debate abierto, sino mediante la exclusión a través de los procedimientos. En AFRINIC, esta dinámica se hizo explícita cuando se forzaron las reglas para prolongar mandatos y bloquear a candidatos considerados ajenos al círculo. Estas actuaciones vacían de contenido la pretensión democrática de la institución mientras mantienen la apariencia de legitimidad.

Entretanto, la mayoría de los miembros de AFRINIC —proveedores de servicios de Internet, operadores de telecomunicaciones y empresas que realmente construyen y operan redes— permanece al margen. Muchos ni siquiera saben que tienen derecho a voto o capacidad de influencia. Es comprensible que se centren en la operación de sus redes y no en la política institucional. La consecuencia es previsible: cuando la participación es baja, una minoría disciplinada domina. Esto no es exclusivo de AFRINIC, pero AFRINIC muestra el riesgo con especial crudeza. Cuando la «gobernanza comunitaria» depende de una participación que nunca llega a materializarse, deja de ser gobernanza comunitaria.

En el fondo hay un error filosófico más profundo: la doctrina de la «propiedad comunitaria» de las direcciones IP tal como se practica hoy. En teoría, nadie es dueño del recurso; la comunidad lo administra colectivamente. En la práctica, esto ha producido una autoridad centralizada que apenas rinde cuentas. El personal de un registro y un reducido grupo de participantes activos acaban ejerciendo el control en nombre de todos los demás. La historia muestra este patrón una y otra vez: cuando se dice que algo pertenece a todos, a menudo queda bajo el control de unos pocos que afirman actuar en nombre de todos. El lenguaje es democrático; la estructura de poder no lo es.

La solución no es una reforma cosmética, sino un cambio estructural. La gobernanza de las direcciones IP debe descentralizarse en la práctica, no solo en el discurso. Las organizaciones miembros deben ser tratadas como verdaderas partes interesadas, con derechos que puedan hacer valer, y no como beneficiarias pasivas de las decisiones discrecionales del registro. La participación debe ser directa, informada e ineludible, no una escenificación opcional dominada por el círculo interno. Los RIR deberían pasar de controlar el acceso a coordinar, y reconocer a los titulares de direcciones como custodios a largo plazo o propietarios, en lugar de tratarlos como inquilinos sujetos a una revocación unilateral.

No es una idea radical; está en consonancia con tendencias tecnológicas e institucionales más amplias hacia la descentralización. Los sistemas funcionan mejor cuando el poder está distribuido, es transparente y tiene límites. Una Internet cuyos recursos esenciales están gobernados por pequeños círculos que se perpetúan a sí mismos es frágil por diseño. Una Internet en la que la autoridad reside en quienes realmente utilizan esos recursos para desplegar sus redes y dependen de ellos es más resiliente.

Lo ocurrido en AFRINIC debe entenderse como una advertencia, no como una anomalía. Sin reformas, fallos similares se repetirán en otros lugares. Debe terminar la época en la que una pequeña camarilla puede controlar recursos esenciales de Internet bajo la bandera de la «comunidad». Si queremos un sistema de gobernanza de Internet estable y justo, una descentralización auténtica —basada en derechos reales, participación real y una verdadera rendición de cuentas— no es opcional.