La libreta de direcciones de Internet y por qué la «soberanía digital» es una fantasía peligrosa

Una libreta de direcciones ayuda a encontrar una casa. No convierte a quien la lleva en dueño de la ciudad.

A menudo se habla de Internet como si fuera un territorio del que alguien pudiera apropiarse, que pudiera controlar o conquistar. Es un error fundamental.

Una ciudad ofrece una analogía útil. Cada casa necesita una dirección para que las personas, el correo y los servicios puedan llegar a ella. En Internet, los ordenadores y las redes son las casas, y las direcciones IP son esas direcciones. A medida que la ciudad crece, alguien debe mantener una libreta de direcciones neutral: limitarse a anotar quién utiliza cada número para que el tráfico pueda llegar a su destino.

Esa es la única función de los Registros Regionales de Internet. AFRINIC, en el caso de África, no es más que eso: una libreta de direcciones.

Quien lleva una libreta de direcciones no es dueño de las casas.

No controla las calles.

No manda sobre los residentes.

Registra números.

Una vez que se entiende esto, la retórica de la «soberanía digital» se derrumba. La idea de que se puede controlar la Internet africana controlando AFRINIC equivale a creer que robar una guía telefónica otorga poder sobre todas las llamadas. No solo es errónea, sino conceptualmente infantil.

AFRINIC no opera Internet. No controla países, redes ni usuarios. Solo funciona porque las redes cooperan voluntariamente con un registro neutral. En el momento en que deja de ser neutral, los demás dejan de confiar en él y, por tanto, deja de funcionar.

Esta distinción importa porque en los últimos años se ha intentado politizar AFRINIC bajo la bandera de la «soberanía digital». La expresión suena contundente, pero describe una fantasía. África no es una única entidad política. La componen 54 Estados soberanos con sistemas jurídicos divergentes, intereses contrapuestos y, en muchos casos, una abierta hostilidad geopolítica entre sí. La noción de que un continente así podría aceptar una «autoridad digital suprema» centralizada está desconectada de la realidad.

Más importante aún: la propia estructura de Internet es incompatible con esa visión. Fue diseñada para ser descentralizada, funcionar sin necesidad de autorización previa y ser resiliente, precisamente porque ningún actor puede mandar sobre ella por sí solo. Intentar imponer un control político de arriba abajo sobre un registro de direcciones no crea soberanía; destruye la confianza. Y sin confianza, Internet se fragmenta.

Nuestra participación en AFRINIC respondió a esta lógica, no a una agenda política. Cuando se amenazó con revocar, sin fundamento jurídico, direcciones IP que daban servicio a cientos de millones de usuarios finales, la cuestión no era de estrategia, sino de prevención de daños. Cuando AFRINIC entró en un vacío de gobernanza, la cuestión no era el poder, sino la supervivencia institucional. Y cuando la influencia política empezó a interferir con la neutralidad ordenada por los tribunales, la cuestión pasó a ser constitucional: la separación de poderes no es opcional si una institución quiere conservar su credibilidad.

AFRINIC solo puede existir como un bibliotecario neutral. En el momento en que se lo trata como una herramienta de ambición estatal o de dominio continental, deja de ser útil para las propias redes a las que debe servir.

Internet no se gobierna dando órdenes.

No se construye por la fuerza.

Y la «soberanía digital» no se consigue politizando una libreta de direcciones.

Internet funciona porque no tiene dueño. AFRINIC solo funciona si lo recuerda.