El problema de agencia en el núcleo de la gobernanza de Internet
¿Qué ocurre cuando quienes gobiernan un sistema no lo poseen ni asumen sus riesgos?
¿Quién toma las decisiones y quién asume las consecuencias? Lu Heng sostiene que el control de los recursos de Internet debe recaer en quienes soportan el riesgo económico.
Lo que hoy parece una hostilidad ideológica hacia la actividad comercial en la gobernanza de Internet no tiene nada de ideológico. Es estructural. La disfunción nace de un problema de agencia de manual: Internet, a escala mundial, quedó bajo el control de agentes técnicos que no son propietarios del sistema que gobiernan, no invierten en él ni obtienen beneficios económicos de él. Como era previsible, orientaron sus esfuerzos a conservar el poder, preservar sus funciones y mantener la relevancia institucional, en lugar de crear valor.
Las instituciones de gobernanza de Internet nunca se diseñaron en torno a la propiedad, el riesgo o la formación de capital. Se diseñaron en torno a la coordinación. En cuanto los organismos de coordinación adquirieron autoridad para asignar recursos, controlar la escasez e imponer el cumplimiento de sus decisiones, la coordinación se transformó silenciosamente en mando. No por malicia, sino porque los agentes maximizan aquello que pueden medir y conservar: influencia, competencias e indispensabilidad. Los mercados recompensan el crecimiento y la eficiencia; las burocracias recompensan el control y la continuidad.
Por la naturaleza de sus incentivos profesionales, los especialistas técnicos prefieren sistemas normativos estables que antepongan la legitimidad del procedimiento a la eficiencia de los resultados. Pasan de los registros a los organismos de elaboración de políticas, las consultoras y los puestos de cumplimiento normativo. Su capital humano se revaloriza cuando las instituciones se vuelven más complejas, más opacas y más centralizadas. Los sistemas más simples reducen su poder de negociación; los mercados competitivos reducen su función de controlar el acceso. Esto genera un sesgo natural a favor de la asignación administrativa, la escasez artificial y las justificaciones de la intervención revestidas de argumentos morales.
La ausencia de propiedad es decisiva. Estos agentes no soportan el riesgo de pérdidas cuando se frena la innovación, se reprime la formación de capital o se estancan los mercados de infraestructura. Tampoco participan de las ganancias cuando mejora la eficiencia. Sin participación accionarial, reparto de beneficios ni exposición en sus balances, no existe ninguna señal interna que les indique que el crecimiento importa. En un sistema así, la suficiencia económica no es un objetivo; el dominio de los procedimientos sí lo es.
Por eso la asignación de recursos de Internet se parece cada vez más a una distribución administrada centralmente que a un intercambio de mercado. La escasez se trata como un recurso moral que debe racionarse, no como una señal económica que debe reflejarse en un precio. La asignación se vuelve condicional, revocable y politizada. El lenguaje pasa de la utilidad a la custodia responsable, de la productividad al «interés de la comunidad», de la eficiencia a una «equidad» definida internamente por los mismos agentes que se benefician de la discrecionalidad.
Conviene subrayar que este resultado no exige ningún compromiso ideológico con el anticapitalismo. Surge automáticamente siempre que la gobernanza se desvincula de la propiedad. Los ingenieros se forman para minimizar los modos de fallo, no para maximizar la rentabilidad. Cuando se les pone al frente de una infraestructura económica sin incentivos que corrijan ese sesgo, es previsible que impongan restricciones excesivas, regulen en exceso y centralicen en exceso. Lo que parece hostilidad hacia las empresas es, sencillamente, indiferencia ante sus resultados.
Sin embargo, Internet ya no es una red de investigación. Es un sistema mundial de producción que requiere grandes inversiones de capital y está impulsado por el beneficio. Tratar sus recursos fundamentales como insumos racionados administrativamente carece de coherencia económica. Los mercados de capitales no pueden funcionar con eficiencia si los derechos son revocables, la titularidad es ambigua y la aplicación de las normas es discrecional. La innovación se ralentiza, no por limitaciones técnicas, sino porque la gobernanza impide prever la rentabilidad.
Por tanto, el control debe volver a quienes están expuestos directamente a las consecuencias económicas. Los accionistas, los directores ejecutivos, los fundadores y los operadores cuya riqueza, valoración y supervivencia dependen del desempeño empresarial son los únicos actores cuyos incentivos están estructuralmente alineados con la creación de valor a largo plazo. A diferencia de los agentes, no pueden trasladar a otros las consecuencias del fracaso. A diferencia de los comités, no pueden aplazar indefinidamente esas consecuencias. Sus incentivos son transparentes, medibles y están sometidos a la disciplina del mercado.
Esta realineación es especialmente urgente por la naturaleza de IPv4. Las direcciones IPv4 representan una oportunidad que solo se presenta una vez por generación: la primera escasez digital reconocida mundialmente, matemáticamente finita e imposible de replicar que sustenta toda una industria. A diferencia de lo que ocurre con el espectro o la tierra, la escasez de IPv4 no se construyó políticamente; es inherente al protocolo. Ya representa porcentajes de dos dígitos de la capitalización bursátil de algunas empresas de telecomunicaciones, y su peso económico sigue aumentando.
Permitir que un activo escaso tan fundamental siga bajo la gobernanza de burocracias dominadas por agentes que no son sus propietarios no es solo ineficiente: destruye valor. El futuro de la infraestructura de Internet depende de reconocer IPv4, no como un recurso moral que debe administrarse, sino como capital que deben asignar quienes asumen las consecuencias de las decisiones de asignación.
Mientras no tomen el control los accionistas y los ejecutivos con una exposición real en sus balances, la gobernanza de Internet seguirá derivando hacia una lógica administrativa centralizada. No por ideología, sino porque los problemas de agencia, cuando no se resuelven, siempre acaban privilegiando el poder sobre el valor.